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Yo no soy «heterodoxo»

Hace unos días vino al país una serie de importantes profesores en Economía, pertenecientes a universidades extranjeras, que fueron presentados como “heterodoxos”. Precisemos que la “heterodoxia” se define por oposición a la “ortodoxia” de la economía neoclásica, en especial la walrasiana (modelos del equilibrio general y competencia perfecta). A grandes rasgos, podemos decir que los “heterodoxos” van desde los marxistas -en todas sus variantes- hasta keynesianos más o menos “progres” (Stiglitz, ¿es heterodoxo?), pasando por los sraffianos, los regulacionistas, los muchos matices de poskeynesianos, los estructuralistas, dependentistas, institucionalistas de izquierda (en la tradición de la New School de Nueva York), los neoschumpeterianos, y variadas combinaciones entre estas corrientes (y seguramente me estoy dejando a varios en el camino). Todos aparecemos, ante los estudiantes y la comunidad, compartiendo el mismo objetivo central, enfrentar al “neoliberalismo”, expresión política de la “ortodoxia”. Así establecida la divisoria, pareciera que entre los “heterodoxos” las diferencias son secundarias en relación a la “cuestión fundamental”, derrotar a la “ortodoxia”.
Este fue entonces el telón de fondo de los seminarios y conferencias que dictaron las eminencias “heterodoxas”. Entre ellas hubo marxistas (al menos, en el pasado lo eran), siendo Anwar Shaikh el más conocido y referenciado. Los seminarios tuvieron el apoyo del Gobierno; los profesores asistieron a reuniones en las que se afirmó, entre otras cosas, que las políticas que ellos pregonan son las que están aplicando muchos gobiernos latinoamericanos, incluido el argentino; todos aplaudieron, entusiasmados; y a su vez, recibieron el cálido aplauso de altos funcionarios del Gobierno; varios (entre ellas, Shaikh) elogiaron las políticas K en los reportajes que les hicieron los medios K; y presentaron “papers” para defender tesis “heterodoxas” del tipo “la emisión monetaria nunca genera inflación” que -¡oh casualidad!-, encaja con las últimas declaraciones de Marcó del Pont, la cabeza del Banco Central.
Ajuste y represión K

Paulatinamente, se ha ido instalando y consolidando una mayor represión por parte del gobierno, el estado nacional y los estados provinciales, contra las protestas sociales. Sin ánimo de ser exhaustivo, y tomando solo los dos últimos años, aquí van algunos recordatorios.
Enero 2010, represión a trabajadores agrarios en Entre Ríos; hubo heridos, detenidos y denuncias de golpizas y torturas en comisarías.
Enero 2010, represión violenta en Salta a estudiantes que protestaban contra el aumento del boleto.
Marzo 2010, represión en Neuquén a una marcha de los organismos de derechos humanos; heridos y detenidos.
Mayo 2010, violenta represión a unos 200 pobladores que exigían la libertad de un dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados, que había sido detenido por la policía.
Junio 2010, un muerto y numerosos heridos en la represión a los manifestantes que protestaban por el asesinato, a manos de la policía, de un joven de 15 años, en Bariloche.
Junio 2010, represión a pobladores indígenas que reclamaban contra los desmontes (destinados a aumentar el área sojera); detenidos y heridos.
Octubre 2010, asesinato de Mariano Ferreyra, con la complicidad de la policía.
Diciembre 2010, tres muertos y varios heridos en el Indoamericano.
Diciembre 2010, represión a estudiantes que protestaban contra la nueva ley de educación provincial, en Córdoba.
Delicias del revisionismo histórico
En los últimos días Mario O’Donnell ha explicado, una y otra vez, que la creación del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego tiene como objetivo reivindicar “la historia nacional, popular y federal” frente a la corriente “liberal, entreguista, elitista y antipatria”, que no es otra que la historia escrita por “los vencedores” (ayer Mitre, hoy Romero o Halperín Donghi). Como dice O’Donnell, el Instituto se propone rescatar a “aquellos representantes de los intereses populares y patrióticos, como Dorrego, Juana Azurduy, Güemes, Artigas, Monteagudo, que han sido ninguneados por la historiografía liberal y reaccionaria”.
Pues bien, en aras de revisar esta historia de héroes y villanos, la década de los 90 y el menemismo aparecen como objetivos ineludibles para el Instituto Revisionista. ¿Qué tal preguntarnos quiénes estaban en la línea “nacional”, y quiénes “en la antipatria”? Pregunta que, con toda seguridad, se hará el Instituto acerca del propio O’Donnell. Recordemos que O’Donnell en 1989 fue nombrado agregado cultural de la embajada argentina en España; luego fue embajador en Panamá; después en Bolivia; entre 1994 y 1997 ocupó el cargo de secretario de Cultura; en 1998 fue senador; y en 1999 era miembro del entorno de Menem. Pareciera que al buen Pacho no lo incomodaba por entonces el indulto de Menem a los asesinos de la dictadura, la liberalización de los mercados, las privatizaciones, la destrucción de la educación pública, la precarización del trabajo o el aumento de la desocupación. ¿Virtudes de la línea nacional y popular? Sin embargo, Pacho O’Donnell es apenas una anécdota, porque en tren de revisar el menemismo, habrá que ubicar a Néstor y Cristina Kirchner. Así, arrancar de la asunción de Kirchner como gobernador de Santa Cruz, en diciembre de 1991, y analizar el decreto del 2 de enero de 1992, que llevaba las firmas de Carlos Zanini, Ricardo Jaime y Alicia Kirchner (nombres K- emblemáticos, si los hay) por el cual se recortaban el 15% los haberes de la administración pública. Eran tiempos en que Néstor Kirchner despotricaba por la herencia que le había dejado el anterior gobernador, Arturo Puricelli, que hoy es el ministro de Defensa. Luego, habría que seguir con la emblemática privatización de YPF, de la cual Kirchner fue un activo propulsor. Por ejemplo, recordar que ante las resistencias que encontraba el menemismo entre los diputados, Néstor reclamó (22/09/92), en conferencia de prensa desde la Casa Rosada, apoyo de los diputados a la privatización. En el mismo sentido, traer a la memoria que pocos días antes Cristina había pedido, en la legislatura de Santa Cruz, que los diputados aprobaran la privatización. Documentar (la historia se apoya en documentos) cómo en aquella ocasión Cristina presentó un proyecto que declaraba “la necesidad de sanción del proyecto de ley nacional ‘Ley de Federalización de los Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales”. Y destacar que cuando en la noche del 23 de septiembre Diputados aprobó la privatización, el miembro informante por el oficialismo fue Oscar Parrilli, actual Secretario General de la Presidencia K. Como para que no quedaran dudas de su vocación de servicio a la causa nacional, un año más tarde Parrilli publicaba Cuatro años en el Congreso de la Nación, 19889-1993, en el que decía que “YPF es hoy una gran empresa privada” (citado por Rodolfo Terragno en La Nación, 25/02/07). Seguramente nuestros revisionistas encontrarán una magnífica explicación para tamaño aporte al pensamiento nacional. Y podrán decirnos cómo ubican lo actuado por Parrilli en 1993, cuando fue el miembro informante por el bloque del Partido Justicialista en ocasión de la privatización de las jubilaciones. Eran los años en los que Kirchner afirmaba que Menem había sido el mejor presidente que habían tenido los argentinos. Siempre dispuestos a luchar contra la entrega, en 1994 Cristina y Néstor Kirchner fueron convencionales a la Asamblea Constituyente, la que habilitaría la reelección de Menem. En ella, Cristina defendió la reelección de Menem diciendo que se trataba del gobierno “que rescató a la Argentina del incendio que nos dejaron”. Todo esto será debidamente registrado por la historia no-oficial, no-liberal y no-entreguista.
Subsidios, valor y mercado

La eliminación de los subsidios a los servicios públicos ha sido interpretada por algunos como una profundización “del modelo K” en dirección de una mejor distribución del ingreso y, tal vez, hacia un desarrollo más armónico. Desde la izquierda se ha respondido que se trata, en lo esencial, de un “ajuste” contra los trabajadores y las masas populares. Los K-partidarios responden preguntando qué tiene de progresivo subsidiar a los sectores de altos ingresos, o a los casinos, bancos e hipódromos, y aseguran que no se van a tocar los salarios. La izquierda más radicalizada retruca diciendo que ingresos de los asalariados van a bajar inevitablemente; que el Gobierno procura asegurar las ganancias de los grupos económicos y el pago de la deuda; y propone, para defender el salario, el control obrero de la economía.
El objetivo de esta nota es analizar algunos de estos argumentos, pero en un marco distinto del que se ha propuesto. Su idea básica es que la supresión de los subsidios y los aumentos de precios de muchos bienes esenciales, que han sido autorizados por estos días, representan el fracaso del propósito de “dominar” al mercado desde el Estado. Un tema que ha sido clave en el discurso K, por lo menos desde el conflicto con el campo. Es que con insistencia, desde el K-izquierdismo (integrado incluso por algunos ex marxistas) se ha afirmado que el Estado “popular” debe imponerse a las fuerzas del mercado. En otras palabras, que la política debe tener las riendas, por sobre la economía. Y es una idea que goza de simpatías en amplios sectores de la población, sean o no peronistas. También periodistas, sociólogos, economistas y políticos progresistas, aunque críticos del Gobierno, aceptan como algo natural que los precios pueden decidirse desde el Estado. E incluso la izquierda más radical, cuando propone que los trabajadores controlen costos, ganancias y precios, de alguna manera está diciendo que el objetivo se puede cumplir, aunque no con los métodos “reformistas” del gobierno K.
Fuga de capitales, dólar y modelo K

Esta nota es continuación y actualización de la que escribí hace un año, en la que discutía cuestiones vinculadas al crecimiento basado en el tipo de cambio alto («Profundizar…» ). Decía entonces que el tipo de cambio alto había sido clave para la estrategia de desarrollo “industrialista”, desde mediados de 2002. Básicamente porque la devaluación posterior a la ruptura de la Convertibilidad había significado una fuerte caída de los salarios -en términos de dólar y poder adquisitivo-, con la consiguiente mejora de las condiciones competitivas del capitalismo argentino. Sostenía también que a la redistribución regresiva del ingreso se habían sumado equipos industriales renovados durante los 90; una elevada capacidad ociosa; y el congelamiento de tarifas de servicios. Todo esto se conjugó para elevar la tasa de rentabilidad, en particular de las empresas productoras de bienes transables. Además, el ciclo alcista de los precios de los alimentos, y en particular la soja, dieron un poderoso oxígeno extra al crecimiento, habilitaron ganancias extraordinarias al agro (suba de la renta de la tierra), y una constante inyección de recursos al Estado. Sin embargo, señalaba en aquella nota, no había habido un desarrollo sustentado en la inversión de equipos y la tecnología. Esto es, no estábamos ante un aumento de la competitividad con bases sólidas. Por eso, en 2010 ya se evidenciaba el desgaste del “modelo”: el superávit comercial se achicaba; la inflación erosionaba la competitividad del tipo de cambio; y el gobierno se enfrentaba a la disyuntiva de devaluar, o de retrasar el tipo de cambio a fin de frenar la inflación. Pero en este último caso, caería aún más la competitividad. Escribíamos: “Si el gobierno promueve una depreciación de la moneda, acelera la inflación, con poca ganancia en competitividad. Si por el contrario, retrasa el tipo de cambio, agrava los problemas de competitividad, acercándose a un escenario parecido al de los noventa. De hecho, hoy algunos sectores industriales empiezan a quejarse de que con este tipo de cambio no pueden competir. Es posible que de prolongarse esta situación, hacia fin de 2011 el tipo de cambio real vuelva a estar al nivel de la Convertibilidad. Aunque la situación internacional es distinta de la existente en los noventa, principalmente por la suba de la demanda mundial de materias primas”.
Caso Sobrero: ¿exigimos la renuncia de Fernández?
El martes 4 Rubén Sobrero y Leonardo Portorreal fueron excarcelados, pero continúan imputados en la causa por la quema de los trenes. Por ahora, Sobrero y Portorreal no pueden salir del país, ausentarse de sus domicilios por más de 48 horas y deben presentarse una vez por mes en el juzgado. Esto a pesar de que se evidenció que se trató de una causa armada. El propio juez ahora trata de despegarse del asunto, sugiriendo que fue víctima de una maniobra de la policía (por lo que decidió entregar la investigación a la Secretaría de Inteligencia). Una excusa estúpida para disimular el papelón. Por su parte, el gobierno mantiene silencio, después de haber respaldado al juez cuando mandó detener a Sobrero y Portorreal.
Ante este escenario, algunos dirigentes de la izquierda están exigiendo las renuncias del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y del juez Yalj, así como la apertura de los archivos de la SIDE y la formación de una comisión investigadora, independiente y con plenos poderes, que eche luz sobre cómo se armó la causa y también sobre las relaciones entre el Gobierno y la empresa. Christian Castillo, dirigente del PTS y candidato a vicepresidente por el FIT, formuló este reclamo. Esta clase de demandas son muy comunes en la izquierda. Es que parece “lógico” que si el juez X y el ministro Y estuvieron a la cabeza del escándalo, exijamos sus renuncias. Y si sospechamos que la SIDE nos está vigilando, reclamemos por la apertura de sus archivos y el despido de los funcionarios involucrados. También parece lógico que todo esto lo haga alguna “comisión con plenos poderes”. Todo entonces es muy “lógico”…. pero en un mundo en que no existiera el poder del Estado, la lucha de clases y el dominio del capital. Es que en el mundo concreto en que vivimos, pienso que estas demandas no llevan a ningún lado; y son funcionales a la propaganda que tiende a presentar todo como producto de errores de personas. El sistema en sí no es el problema, lo que fallan son las personas, viene a decir el mensaje subyacente. Aquí habrían actuado mal un juez y un jefe de gabinete, de manera que hay que reemplazarlos; por este camino, podría llegarse a un Estado más democrático, más tolerante, etc. El foco de la atención está puesto en los personajes.
La renuncia del fusible
La idea que defiendo es opuesta a la anterior. Sostengo que la crítica debe apuntar al fondo del problema, porque el ataque a Sobrero no es producto del odio personal de Aníbal Fernández a los “troskos”, sino el resultado de una orientación del Estado en defensa del capital. Fernández se puede haber equivocado en su instrumentación, y es posible que en algún momento sea reemplazado, debido a su manifiesta ineptitud para la tarea. Pero es ineptitud en la defensa de los intereses de la clase dominante; no se lo desplazará por defender al capital -y atacar a la izquierda- sino por hacerlo mal. El cambio no modificará las cosas de alguna manera sustancial.
Más elementos sobre el caso Sobrero

El caso Sobrero, del que hablamos en la nota anterior, merece seguirse con mucha atención. Es que todos los elementos disponibles reafirman la tesis de que se trata de una causa armada, con el fin de atacar a un dirigente gremial antiburocrático, combativo y de izquierda. Recordemos que el juez Yalj acusó a Rubén Sobrero de ser el organizador de una asociación ilícita y de extorsionar a la empresa ferroviaria, TBA, y lo mandó detener el viernes 30 de septiembre, manteniéndolo incomunicado todo el fin de semana. Ayer, lunes 3 de octubre, el juez tomó declaración indagatoria a Sobrero y a su compañero Leonardo Portorreal. La acusación se basa en las declaraciones de Alan Skrobacki, quien está acusado por los incendios, y de un policía que detuvo a Skrobacki. Skrobacki es un indigente que vivía en estaciones y vagones del ferrocarril, quien dijo que había sido contactado por Leonardo Portorreal para incendiar vagones y que le habían pagado por ello; también dijo que Portorreal se había comunicado con Sobrero por handy, cuando lo contrató para la tarea.
Durante la indagatoria esta historia se cayó a pedazos. Sobrero explicó que desde 2004 los ferroviarios no utilizan handy; que Portorreal no trabaja en ferrocarriles desde hace cinco años; que desde que se fue del ferrocarril sólo lo vio en dos ocasiones, y que en ninguna de ellas fue durante el incendio de trenes. Además, Skrobacki había descrito a Sobrero como una persona alta que usaba piercing en la ceja; el hecho es que Sobrero nunca usó piercing y es de baja estatura. Skrobacki describió a Portorreal como morocho y de ojos oscuros, pero Portorreal es de tez blanca y ojos claros. Skrobacki dijo que Sobrero había participado en el asesinato de Mariano Ferreyra (un militante del Partido Obrero, asesinado por las patotas de la burocracia ferroviaria, dirigida por José Pedraza); también dijo que Sobrero había hecho una huelga reclamando por la libertad de Pedraza. La realidad es que Sobrero es ampliamente conocido por militar contra la burocracia sindical, y por haberse opuesto a las huelgas convocadas en defensa de Pedraza.
Libertad a Sobrero
Desde este humilde lugar deseo expresar mi repudio por la detención de Rubén Sobrero y del resto de los compañeros que están siendo atacados por la Justicia y el Gobierno K. Para la gente que está en el exterior, preciso las circunstancias. Rubén Sobrero es delegado de la línea ferroviaria Sarmiento, opositor de la dirección burocrática del gremio, con larga trayectoria de militancia socialista. Junto a Sobrero ha sido detenido Leonardo Portorreal, que colaboró con Sobrero hace algunos años. Pero también han sido detenidos dos “barrabravas” de All Boys (equipo de fútbol). En Argentina, estos personajes son lúmpenes que están en convivencia con personajes de la política burguesa y se prestan a cualquier clase de operaciones sucias. Los abogados defensores de Sobrero y Portorreal ya han aclarado que éstos no conocen a los barrabravas.
A Sobrero lo acusan de provocar un incendio de trenes el pasado 2 de mayo. Ese día se produjeron disturbios en la línea Sarmiento, cuando los pasajeros protestaron por las fallas y demoras en los servicios. En esas circunstancias, algunos grupos incendiaron vagones y saquearon máquinas expendedoras. Ese mismo día el Gobierno dijo que se trataba de un ataque organizado, y responsabilizó al líder opositor Fernando Pino Solanas por los hechos. Sin embargo, no presentó prueba alguna para esta acusación. Luego, el 7 de julio, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, dijeron que los incendios habían sido provocados como actos de sabotaje, pero tampoco presentaron pruebas.
Ahora el juez federal Juan Manuel Yalj ordenó la detención de Sobrero y de otros gremialistas, a quienes acusa de haber provocado los incendios. ¿En qué se basa? En la declaración de un indigente Alan Skrobacki, quien fue detenido el día de los incidentes con una mochila en la que había un encendedor y un desodorante, y está acusado de provocar el fuego. Recién hace pocos días Skrobacki se presentó espontáneamente ante el juez para declarar que le habían pagado para provocar los incendios, y señaló a Portorreal como la persona que lo habría contratado. Es importante destacar que Skrobacki no es testigo -ya que está acusado- y por lo tanto tampoco está obligado a decir la verdad. El otro elemento que tiene el juez para acusar a Sobrero es la declaración de un cabo de la Policía Federal, que participó en la detención de Skrobacki y dijo que éste le había dicho, en ese momento, que le habían pagado para quemar los trenes.
Inversión, demanda y rentabilidad

En esta nota amplío la respuesta a argumentos que me han presentado en defensa de la tesis de los K-economistas, a quienes he criticado en diferentes notas (véase, entre otras Ley de Say… y Crítica…). En lo que sigue voy a examinar las siguientes afirmaciones, con las que discrepo:
a) Si la demanda es constante, no hay razón para que los empresarios aumenten la inversión en equipos, aun en el caso de que haya aumentado la rentabilidad; los empresarios siempre invierten para no perder la cuota de mercado; b) la inversión que crea capacidad no depende de la rentabilidad; c) en tanto la demanda se mantenga alta, no hay razón para que se debilite la inversión, ya que la inversión siempre responde al principio de aceleración; d) si la tasa de ganancia baja del 4 al 2%, la tasa de inversión no debería debilitarse, en tanto no exista caída de la demanda (por ejemplo, porque la competencia internacional desplaza a la producción local); e) la producción está determinada por la demanda, pero la producción no determina la demanda. Empecemos entonces por el primer argumento.
Crítica de K-economistas y respuesta

En el número 35 Documentos de Trabajo de CEFIDAR se publicó un escrito de Fabián Amico, Alejandro Fiorito y Guillermo Hang, en el cual estos autores critican (entre textos de otros autores), un texto que escribí en 2003, donde decía que el desarrollo argentino carecía de consistencia y solidez. Amico, Fiorito y Hang (en adelante AFH) sostienen que mi postura de entonces formó parte de la visión “pesimista” de muchos economistas sobre el proceso abierto en Argentina en 2003, pesimismo que el crecimiento económico desde entonces habría desmentido. “La etapa 2002-2010 resultó, en términos de crecimiento, la más exitosa de la historia económica nacional. Las tasas de crecimiento del PIB en el período son incluso superiores a las vigentes en el modelo agroexportador y a las registradas entre 1964-1974”. escriben. En lo que sigue respondo a mis críticos. La cuestión tiene interés en tanto permite poner en evidencia algunas características del tipo de crecimiento en curso en Argentina.
















