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Sobre egoístas, salarios y ganancias
En los días previos al paro nacional que se realizó ayer, 31 de marzo, el Gobierno acusó repetidas veces a los trabajadores de parar en defensa de un interés “egoísta”. La presidenta Cristina Kirchner lo sintetizó cuando se dirigió al país por cadena nacional: “Los que tienen un trabajo bien remunerado tienen que ceder un poco de su sueldo para otros compañeros. Si no lo hacen, razonan como oligarcas”.
Así, con este discurso apunta a dividir a la clase trabajadora entre “egoístas y solidarios” (o entre “privilegiados y trabajadores comunes”) e induce a una forma de conciliacionismo de clase. Según esta óptica, el alto funcionario estatal o directivo de empresa que gana $100.000 por mes, y paga ganancias sin chistar, es “solidario”, mientras que el obrero que gana cinco veces menos y protesta por el impuesto, es “egoísta” y con “mentalidad de oligarca”. Una división que se fomenta con el discurso, pero tiene su correlato en la política diaria: es sabido que el gobierno K buscó siempre dividir a los movimientos sociales, a los sindicatos, los centros de estudiantes, los organismos de defensa de los derechos humanos y otras entidades populares, utilizando el poder del Estado. Por ejemplo, discriminando en el otorgamiento de los planes sociales a las organizaciones sociales que se mantienen críticas del kirchnerismo.
El paro general del jueves
![Rolando Astarita [Blog] Marxismo & Economía El paro general del jueves](https://rolandoastarita.files.wordpress.com/2014/04/marxista_economista.jpg?w=700)
Compañeros de La Orquesta Roja me preguntaron acerca de mi posición ante al paro del jueves próximo, convocado por las CGT Moyano y Barrionuevo, y la CTA Micheli, con el apoyo de los partidos de izquierda.
Mi postura es clara: adhiero al paro porque estoy de acuerdo con el reclamo principal, frenar el “ajuste” sobre los salarios y las jubilaciones que impulsan el Gobierno K y las cámaras empresarias. El conflicto está bien definido. El Gobierno y los capitalistas, vía devaluación e inflación, intentan realizar una gigantesca transferencia de ingresos desde los salarios a las ganancias. Toda la “ciencia” de la devaluación pasa por retrasar los salarios en relación a la suba de los precios y bajarlos en términos de dólares. Por eso, en estas instancias, se está de un lado o del otro; no hay términos medios.
Frente a esto, los defensores del Gobierno K avanzan tres argumentos con los que llaman a la clase obrera a no parar. Dicen que el paro es político; que hay que ser “responsables”; y que Moyano y Barrionuevo son burocráticos y oportunistas.
La respuesta es sencilla. Primero, todo paro general que cuestiona una política económica y social que apunta a redistribuir el ingreso en perjuicio de los asalariados, es un paro político. No hay por qué negarlo. Aunque distorsionado y semioculto detrás de discursos y propuestas de todo tipo –la lucha de clases nunca es “pura”- lo que emerge hoy es el antagonismo entre explotadores y explotados, la lucha de clases (esa misma que los teóricos de la posmodernidad decían que ya no existía porque había desaparecido la clase obrera).
Segundo, acerca de la responsabilidad: como siempre, los oportunistas se refugian en abstracciones. Es que en una sociedad dividida en clases sociales la responsabilidad no existe en el aire. El Gobierno y los capitalistas asumen “su” responsabilidad velando por las ganancias. Para la clase trabajadora su “responsabilidad” es velar por los salarios. Los explotados, los asalariados, son los que generan la plusvalía de la que se apropian las clases dirigentes. Pedir “responsabilidad” al explotado por garantizar el fruto de su propia explotación al explotador, sólo es cinismo. Por eso también la clase trabajadora debería rechazar el chantaje de la clase capitalista, que amenaza con despidos “si los salarios superan cierto tope”. Es la amenaza de siempre del capital y de los gobiernos del capital. La respuesta a esta amenaza pasa por abrir una nueva perspectiva, programática y política, de la clase obrera.
Milani, Chevron, Sbattella
En los últimos días hubo una serie de noticias que son de difícil digestión para los que sostienen que el gobierno K está operando una transformación revolucionaria (“liberación nacional”, “lucha contra los grupos concentrados”, y similares) del país. Noticias que se pueden sintetizar en tres nombres: Milani, Chevron y Sbattella. Dado que este blog lo lee gente que no vive en Argentina (en promedio, el 40% de las visitas diarias son del exterior), sintetizo a qué me refiero.
Milani (o acerca de la naturaleza represiva del Estado)
El general César Milani fue nombrado recientemente jefe del Ejército, por la presidente Cristina Kirchner. Milani está denunciado por haber participado en la represión durante la dictadura militar. Ex presos políticos lo vinculan a la desaparición, en Tucumán, en 1976, del soldado Alberto Ledo, que era su asistente. Milani estaba especializado en inteligencia en el batallón de Ingenieros 141, de la provincia de La Rioja, y fue enviado en comisión a la provincia de Tucumán, entre febrero de 1976 y febrero de 1977. En esa época el Ejército llevaba adelante el Operativo Independencia, contra el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ledo, que según testimonios, habría sido simpatizante del ERP, desapareció en Tucumán, a donde había tenido que acompañar a Milani. Su madre, Marcela de Ledo, integra la asociación Madres de Plaza de Mayo de La Rioja. Milani también está mencionado por un ex detenido, Ramón Olivera, en el libro Nunca Más, de la Rioja. Olivera explicó que Milani participó de la detención de su padre, y que luego él mismo estuvo detenido en un centro clandestino. Desde allí fue llevado ante un juez por Milani, quien estuvo presente durante la declaración. Además, Milani está sospechado de haber participado en Inteligencia durante la dictadura militar. Asimismo, está denunciado por participar en el levantamiento de los carapintadas, en los años 80, contra el gobierno de Alfonsín.
Frente a estos datos, Madres de Plaza de Mayo, línea Bonafini, guarda silencio. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, dijo que no correspondía pedir el desplazamiento de Milani. El Centro de Estudios Legales y Sociales, a su vez, antes había dicho que no tenía información que pudiera vincular a Milani con la represión. Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y el CELS son organismos defensores de derechos humanos oficialistas. El Nunca Más es un material muy conocido, y su legitimidad nunca fue cuestionada por alguno de estos organismos (acerca de los K-criterios para evaluar lo actuado bajo la dictadura, ver aquí).
YPF, Chevron y liberación nacional
Los medios informan que YPF acaba de cerrar un acuerdo con la petrolera estadounidense Chevron para avanzar de manera conjunta en la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. La inversión inicial será de 1000 millones de dólares, y se perforarán más de 100 pozos en el primer año. Si las cosas marchan como esperan las empresas, podría llegarse a una inversión de 15.000 millones de dólares. Por el acuerdo, YPF otorga a Chevron un derecho de exclusividad por cuatro meses para negociar los términos y condiciones finales por las cuales YPF cederá el 50% de la participación en la explotación de las áreas de Loma de la Lata Norte y Loma Campana.
YPF también ha llegado a un acuerdo por 500 millones de dólares con Eduardo Eunerkian para desarrollar la explotación de Vaca Muerta, y estaría cerrando otro con Bridas (una joint venture entre el grupo Bulgheroni y la china Cnooc). Galuccio, presidente de YPF, ha explicado que la empresa piensa invertir 24.700 millones de dólares hasta 2017 de su flujo propio, y obtener fondos externos hasta completar los 40.000 millones. El marco jurídico de todos estos acuerdos está conformado por la ley de inversiones extranjeras, dictada por la dictadura militar, y los decretos de desregulación de la actividad petrolera, que vienen desde el gobierno de Menem.
Las reservas no convencionales de Argentina serían las terceras en el mundo, estimadas en un equivalente a 23.000 millones de barriles de petróleo. Chevron es la segunda empresa petrolera de EEUU. Recordemos también que ha sido condenada por la Justicia de Ecuador a pagar 18.000 millones de dólares de indemnización por haber contaminado durante años la selva amazónica. La explotación de yacimientos no convencionales es cuestionada por muchos expertos, que sostienen que encierra peligros de contaminación ambiental que no han sido debidamente evaluados y estudiados. De hecho, algunos países europeos mantienen la prohibición de este tipo de explotación. Sin embargo, en EEUU la producción no convencional ha tenido un amplio desarrollo, y en Argentina el gobierno intenta seguir ese camino.
El acuerdo firmado con Chevron debe ponerse en un contexto más amplio. El 13 de septiembre, en la celebración del Día del Petróleo, Kicillof dijo que “queremos que las empresas hagan buenos negocios”; y presentó como una señal positiva el aumento a 7,5 dólares por millón de BTU del gas que extraen YPF y otras empresas. El precio estaba en 2,3 dólares, en tanto que el gas importado de Bolivia llegó a pagarse 12 y 13 dólares. Durante mucho tiempo partidos de la oposición y diferentes medios dijeron que esto era irracional, pero los K-defensores respondían que se trataba de argumentos de la derecha. Sin embargo, el creciente el déficit energético (3500 millones de dólares este año en la balanza gasífera) obligó al aumento, anunciado por la presidenta como un gran paso adelante. Poco después, en el encuentro con los petroleros, Kicillof explicaba: “Para llevar a cabo este aumento de producción se debe tener en cuenta la rentabilidad de la inversión en estos costosos proyectos y el tiempo de repago de estas, que en muchos casos exceden los plazos de las concesiones”.
Moyano versus gobierno y una postura desde el marxismo
El conflicto entre el sindicato de Camioneros y el gobierno divide aguas en la política argentina, y de manera tajante. Es que Moyano ha puesto en primer plano tres reivindicaciones que afectan al conjunto de los trabajadores, que son el impuesto a las ganancias sobre los salarios, las asignaciones familiares para los ingresos mayores a 5200 pesos, y la ruptura del tope que quiere imponer el gobierno a las discusiones salariales. Por supuesto, se puede objetar que Moyano convocó al paro y a la movilización a la plaza de Mayo de forma burocrática, y motivado en buena medida por las diferencias que mantiene con la presidenta. Sin embargo, el hecho clave es que las reivindicaciones mencionadas interesan a los trabajadores de conjunto, y por eso los esfuerzos de los defensores del gobierno para debilitar el reclamo y aislar a los camioneros. Los K-argumentos son variados. Así, se sostiene que es irresponsable poner en jaque servicios básicos por demandas salariales o condiciones de trabajo; que hay que anteponer los intereses nacionales a los sectoriales; que es necesario defender “el modelo productivo y con inclusión social”; que Moyano es funcional a los intereses de Clarín (“llama a un paro nacional desde TN”, se observa); y que ir a la Plaza de Mayo implicaría fortalecer a la burocracia sindical. Pero no son argumentos sólidos.
En primer lugar, hay que decir que la mayoría de las huelgas afectan, de una manera u otra, servicios esenciales, por la simple razón de que el trabajo asalariado es la base sobre la que se levanta la sociedad entera, con sus expresiones políticas, jurídicas, culturales e ideológicas. Pero además, en la sociedad capitalista el trabajo es explotado (un “detalle” que pasan por alto los K-revolucionarios) y en consecuencia, la manera más efectiva que tienen los explotados de defender el salario y condiciones laborales es con la huelga, con la negativa a trabajar. Por eso, incluso sectores de la derecha muy enfrentados al gobierno rechazan y critican a los trabajadores. “Afectan a la población”, “perjudican a otros trabajadores”, “los usuarios son los rehenes”, son las cantinelas que machacan sin descanso los grandes medios, y repiten como loros los funcionarios y los defensores de la presidenta. Lo mismo dicen cuando hay paros de subterráneos, o colectivos, o de cualquier otro servicio. Es la forma más efectiva que tienen siempre los reaccionarios para salir en defensa del capital, y del estado capitalista, cuando hay conflictos gremiales. Es necesario enfrentar ese discurso, ya que apunta a debilitar el derecho de huelga, y prepara el terreno ideológico y político para avanzar con medidas represivas. Entre ellas, la aplicación de la reaccionaria Ley de Abastecimiento, y sacar a la calle a la Prefectura y Gendarmería.
Rolando Astarita [Blog] 