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El problema no son los CEO
En los últimos días, en los ámbitos de la izquierda, se ha hecho hincapié en la designación de ejecutivos de grandes empresas para integrar los gobiernos nacional, de Ciudad de Buenos Aires y Provincia, de Cambiemos. “Es el gobierno de los dueños del país”, se afirma. Una formulación que no sería mala si se la planteara como parte de una estrategia propagandística, a fin de popularizar la idea de que el gobierno de Cambiemos es un gobierno capitalista, al frente de un Estado capitalista. Pero esto no debería llevar a la idea de que se produjo un cambio cualitativo, en lo que hace al contenido de clase, o al régimen político, por el hecho de que haya CEOs como ministros.
Es que, básicamente, el carácter de clase del gobierno no se modifica a partir de que haya ejecutivos de empresas en su seno. Y tampoco desaparece por ello la autonomía relativa que caracteriza a todo gobierno capitalista (véase aquí, por ejemplo, para una caracterización del gobierno Kirchner, y algunas cuestiones de método). Por eso, la integración de un gobierno con muchos CEO tampoco hace desaparecer los problemas que son característicos de toda dominación burguesa. En particular, las que atañen a la igualdad de reglas de juego que los “capitales en general” reclaman de los funcionarios del Estado; y las que afectan a la legitimación y predominio ideológico sobre las clases subordinadas, que se despliegan sobre el telón de fondo de las fuerzas de coerción estatales.
Menemismo, los K y la tesis del “transformismo”
Una constante del discurso kirchnerista es separar absolutamente el modelo neoliberal, impuesto por la dictadura en 1976, del “productivo con inclusión social”, establecido en 2003, y vigente hasta el presente. Según este relato, entre 1976 y 2003 las políticas de los gobiernos fueron anti-nacionales y anti-pueblo, y favorables a los grupos económicos que se rigen por una lógica especulativa y financiera. Pero todo habría cambiado con la llegada de los Kirchner a la presidencia de la nación.
Claro que de ser esto así, se plantea el problema de explicar el apoyo del matrimonio “nacional y popular”, y también de montoneros y militantes de la “gloriosa JP” de los 70, al menemismo; así como la participación de relevantes kirchneristas (Nilda Garré, Abal Medina) en el gobierno de la Alianza. Recordemos que en los 90 se despidieron decenas de miles de trabajadores estatales; se privatizaron las empresas de correos, agua, teléfonos, gas, petróleo, ferrocarriles y las cajas de jubilaciones; se impusieron topes a los aumentos salariales; se ataron los aumentos en el sector privado a los incrementos de productividad; se habilitaron los contratos temporarios y se los promovió: se inició la discusión sobre la ley de flexibilización laboral (que se votaría con el gobierno de la Alianza); se redujeron las indemnizaciones por accidentes laborales; se estableció que la vigencia de los convenios colectivos podía suspenderse por tres años en casos de concursos y quiebras; y se incluyeron cláusulas que implicaban precarización laboral en numerosos convenios laborales (automotriz, siderurgia, alimentación). También en los 90 se extendió la sojización, y se iniciaron los grandes emprendimientos mineros a manos de empresas transnacionales. Y funcionarios, empresarios y burócratas sindicales se enriquecieron vertiginosamente con los negociados que posibilitaron las privatizaciones. Los Kirchner, además de enriquecerse, participaron de la privatización de YPF, de las cajas de jubilaciones y del bancos de Santa Cruz; fueron constituyentes en 1994 y proclamaron a Menem el mejor presidente argentino, después de Perón. Otros altos funcionarios kirchneristas tuvieron actuaciones parecidas.
Se plantea entonces la “pregunta imposible”: ¿cómo pudo suceder esto, estando el “movimiento nacional” en el gobierno? Aunque habitualmente los militantes K eluden la cuestión, disponemos sin embargo de una elaborada respuesta, producto del investigador en ciencias sociales Eduardo Basualdo. Para quienes no lo conocen, digamos que Basualdo es doctor en Historia, investigador del Conicet, coordinador de varias áreas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, participa de la CTA oficialista e integra desde hace poco el directorio de YPF. Sus trabajos son altamente valorados en los medios académicos y en el progresismo izquierdista. En 2011 publicó Sistema político y modelo de acumulación, que reúne tres largos ensayos de su autoría. En el segundo de esos ensayos, originariamente publicado en 2001, presenta una explicacón de cómo fue posible que el movimiento nacional y popular abrazara la causa del neoliberalismo en los 90. En esta nota resumo su respuesta y la analizo críticamente.
Rolando Astarita [Blog] 