Rolando Astarita [Blog]

El martes 16 de junio la Corte Suprema de Justicia de EEUU dejó en firme el fallo del juez Thomas Griesa, por el cual se obliga a Argentina a pagar US$ 1500 millones al fondo MNL Capital y otros litigantes por sus bonos en default, que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 (holdouts, que tienen el 7% del total de los títulos). Antes el fallo de Griesa ya había sido ratificado por la Corte de Apelaciones de Nueva York. Esa misma noche la presidenta Cristina Kirchner dirigió un mensaje al país por cadena nacional, en el que dijo que Argentina estaba siendo sometida a una extorsión, que no la iba a aceptar. Pero prometió que su gobierno dispondría todas las medidas tendientes a garantizar el pago de la deuda a los tenedores de bonos que aceptaron entrar en las reestructuraciones anteriores. Y subrayó que su gobierno está dispuesto a negociar con los fondos buitres. Al día siguiente, el ministro Kicillof dijo que Argentina no podía pagar a los holdouts, pero que aseguraría los pagos a los que habían entrado en los canjes, incluso trasladando el lugar de pago de Nueva York a Buenos Aires, a fin de evitar que se retengan fondos. “No pasarán. No van a impedirnos pagar la deuda al 93% de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010”, aseguró. Pero el cambio de lugar de pago es impracticable -Griesa prohibió a los bancos estadounidenses colaborar en la operación- y además desataría un default de toda la deuda (entre otras razones, porque podría activar cláusulas llamadas de cross default).

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