Rolando Astarita [Blog]

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Durante el conflicto de 2008 entre el Gobierno y las patronales agrarias, uno de los argumentos más repetidos por el K-progresismo fue que con las retenciones se buscaba mejorar la distribución del ingreso en favor de los sectores populares y la clase trabajadora. En oposición a esta postura, en varios artículos (recogidos en Economía política de la dependencia y el subdesarrollo, UNQ, 2010) sostuve que el Gobierno procuraba sostener el tipo de cambio real alto mediante la transferencia de parte de la renta agraria a otros sectores del capital. Planteé también que si se hubiera querido mejorar la distribución del ingreso disminuyendo la renta agraria, la primera medida debería haber sido alentar el aumento de los salarios rurales, y combatir seriamente la precarización del trabajo en el sector. Señalaba que cuando los salarios agrarios ni siquiera reponen el valor de la fuerza de trabajo, puede considerarse que una parte de los mismos está ingresando en la renta (véase El Capital, tomo 3, p. 808,, edición Siglo XXI). Según el INDEC, en 2008 el salario promedio en el campo era $1100, lo que representaba el 57% del promedio salarial en el resto de la economía; en los cultivos industriales, que empleaban unos 50.000 trabajadores, los salarios eran aún más bajos, apenas $868 en promedio. A esto se unía el trabajo en negro generalizado, y la explotación del trabajo infantil. Por eso planteaba que “la primera manera práctica y sencilla de bajar la renta agraria y comenzar a mejorar la distribución del ingreso es aumentando los salarios de los trabajadores rurales” (p. 215, Economía política….). Sin embargo, durante el conflicto el Gobierno -siempre aplaudido por el progresismo izquierdista-, se cuidó mucho de poner en primer plano el tema. Esto aún cuando la propia presidenta CK reconoció que los trabajadores rurales eran los peor pagados de los asalariados. Después del conflicto, las condiciones de vida de los trabajadores rurales tampoco mejoraron mucho, a pesar de las altísimas ganancias en el agro. Por ejemplo, en 2009, la Secretaría de Trabajo calculaba que aproximadamente el 72% estaba en negro. La súper explotación del trabajo infantil continuó sin grandes problemas (como tantas veces denunciaron La Alameda y otras organizaciones). Y en agosto de 2011 el salario mínimo del trabajador rural era de $2210. Si bien representa una mejora con respecto a 2008 (pero hay que contar la inflación), cualquiera sabe que se trata de un ingreso de hambre. Algunos incluso han señalado que con un salario tan bajo hoy es difícil conseguir mano de obra, ya que no repone el costo mínimo de una canasta de subsistencia.

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