Rolando Astarita [Blog]

El 31 de marzo el gobierno nacional emitió un decreto de necesidad y urgencia por el cual por 60 días se prohibieron los despidos “sin causa justa” o que tuvieran por causales la falta o disminución de trabajo. También prohibieron las suspensiones por los mismos motivos. Aunque con la salvedad de estar exceptuadas las pactadas entre el sindicato y los trabajadores “y se basen en fuerza mayor”. El 8 de junio el gobierno prorrogó la prohibición por 60 días. La medida fue saludada por la CGT y la CTA y por buena parte de la izquierda nacional. Por supuesto, se señalaron insuficiencias – por caso, los trabajadores informales, más del 35% de la fuerza laboral, quedó fuera del decreto; además de las suspensiones “pactadas” – pero se lo consideró un paso en el sentido de que “la política le marque el paso a los grandes grupos concentrados”. Alguno incluso sugirió que, a fin de dar más fuerza a la medida, se debería establecer por ley que “preservar las fuentes de trabajo es prioridad absoluta [absoluta, faltaba más] del Estado”.

Pues bien, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 185.000 trabajadores registrados perdieron sus empleos en abril. La caída de empleos de los trabajadores informales seguramente también fue muy elevada. A lo que se suman las innumerables suspensiones, acompañadas de rebajas salariales. Pero… ¿no era que la política domina a la economía? ¿Y que un gobierno “con sensibilidad popular” protegería el empleo? ¿Qué ocurrió? ¿Nos falló la “sensibilidad” de AF? ¿O le está faltando coraje, como se cuestiona un seguidor de Francisco? Son las preguntas habituales de los «amigos del pueblo», que analizan los fenómenos sociales con los lentes del subjetivismo. De ahí también la historia de cambiar fusibles en las “altas esferas de la política” para que todo siga más o menos igual para la gente común. Lee el resto de esta entrada »