Rolando Astarita [Blog]

La primera parte de esta nota, aquí. En esta segunda parte examinamos las experiencias de industrialización “petrolera”; en la tercera, nos referiremos en particular los procesos de Venezuela y Argelia, de los años 1970.

Los programas industrialistas

Como es conocido, a comienzos de los 1970 se produjo una fuerte suba de los precios del petróleo; en promedio, entre 1972 y 1974 se multiplicaron por seis. Este aumento tenía por base el aumento de la demanda (entre 1965 y 1973 el consumo mundial de energía creció un 43%) y el ascenso nacionalista en el Tercer Mundo. También por aquellos años las grandes compañías internacionales perdieron el control de la cadena petrolera; la producción, el transporte, la distribución y el refinado pasaron en gran medida a manos de los países productores (CEPII, 1983). En consecuencia, éstos dispusieron de una renta incrementada; entre 1974 y 1980 los saldos en cuenta corriente de los exportadores de la OPEP se elevaron a 288.00 millones de dólares.

Fortalecidos por este auge, los gobiernos de la OPEP pusieron en marcha ambiciosos programas de industrialización y crecimiento. De acuerdo a Sid Ahmed, entre 1974 y 1982 anticiparon inversiones por casi 900.000 millones de dólares, de los cuales unos 600.000 millones correspondieron a Arabia Saudita, Irán, Libia, Iraq y Argelia. El objetivo era promover industrias intensivas en energía y capital, como la refinación, petroquímica, siderurgia, que permitieran también valorizar el petróleo y el gas. Con la ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura y desarrollo industrial, en Libia, Argelia, Venezuela, y otros lugares, se elevó rápidamente la tasa de formación del capital fijo. Por aquellos años 70, se consideraba que había una oferta ilimitada de capital, y que gracias a las exportaciones, las economías petroleras podrían hacer frente a las necesidades de importación, y avanzar en la cadena del valor. Muchos estaban convencidos de que el desarrollo capitalista podía insertarse fácilmente en el Tercer Mundo, en base a la importación de tecnología, equipos y maquinaria; por ejemplo, en 1980 el sha de Irán pronosticaba que su país llegaría a ser la quinta potencia del mundo.

Dinámica rentística: crecimiento con poco desarrollo

Sin embargo, las cosas sucedieron de manera bastante distinta, ya que hubo crecimiento -el PBI aumentó a una alta tasa en muchos países-, pero con escaso desarrollo de la productividad, la tecnología y del entramado industrial y productivo. La realidad es que coexistieron una industria petrolera relativamente avanzada, con estructuras de producción atrasadas; la industria petrolera evidenció una lógica de enclave, ya que había pocas relaciones entre ella y el resto del sistema productivo (véase Ominami, 1983). Por eso, el gasto de renta por parte del estado no logró superar el “dualismo estructural” (idem). Además, en la medida en que muchos países se volcaron a las mismas ramas -típicamente, la petroquímica- apareció una tendencia a la sobreproducción en el mercado mundial, con consecuencias negativas sobre las ganancias de las industrias. También debe tenerse presente que las posibilidades de venta interna de la producción de hidrocarburos y derivados eran limitadas, dado el crecimiento desarticulado. De ahí también una tendencia a la sobrecapacidad; un caso ilustrativo fueron las grandes empresas estatales de Argelia, que operaban, en los años 70 y 80, con alta capacidad ociosa, y muy baja rentabilidad (véase más adelante).

Por otra parte, la entrada de divisas, provenientes del petróleo, sin que hubiera un desarrollo tecnológico importante, generó presiones inflacionarias. Para contrarrestarlas, en muchos países las autoridades dejaron apreciar las monedas; pero de esta manera disminuyó todavía más la capacidad exportadora de los sectores no petroleros. Así, la fuerte promoción de las exportaciones se combinaba con una sustitución de importaciones débil, dando lugar a una polarización creciente de las exportaciones sobre los productos petroleros (Ominami). Por otro lado, a partir de la “lluvia de renta”, aumentó la demanda de bienes importados para la burguesía y la clase media alta, que adoptaban pautas de consumo propias de los países más avanzados. Una actitud acorde con una lógica rentista, que pasaba por alto la acumulación y expansión del trabajo productivo. Asimismo, la creación de fortunas colosales en los países petroleros promovió actividades especulativas y parasitarias (Sid Ahmed). Sid Ahmed señala otro factor negativo, la fuga de cerebros; aunque en muchos casos (como Argelia) la emigración alivió la desocupación, en especial de las zonas rurales, y habilitó una importante entrada de divisas.

A partir de la situación descrita, paulatinamente aumentaron los desequilibrios externos. A su vez, la necesidad de divisas para financiar primero las grandes inversiones (que muchas veces excedían la disponibilidad de renta), y luego para paliar los efectos de las caídas de los precios, llevaron a una mayor dependencia del capital financiero internacional, y a deudas externas crecientes en muchos países. Lo cual acentuó la obsesión por la exportación de petróleo o gas, al tiempo que la vulnerabilidad de las economías petroleras: “Los desequilibrios engendrados por la petrolización hicieron que el funcionamiento del sistema fuera muy vulnerable a los azares de la coyuntura internacional” (Ominami, p. 130). En particular, la profunda caída de los precios en los 1980, luego del alza de 1979-80, tuvo efectos muy negativos en muchos países (Venezuela y Argelia, entre ellos). No es de extrañar entonces que hacia fines de la década de los 80, las experiencias de industrialización en base a renta, estuvieran fuertemente cuestionadas. En esos años, muchos gobiernos viraron hacia políticas “de ajuste” (léase, ataque a las condiciones de vida de las masas trabajadoras) y amigables del mercado. Las esperanzas de que se pudiera desatar el desarrollo capitalista a partir de la renta, se habían frustrado. En palabras de Sid Ahmed, se había pasado por alto que “la revolución industrial en Europa fue precedida por muchos siglos de maduración intelectual y de evolución económica y social” (p. 78).

Capitalismo de estado y gestión burocrática

Los problemas descritos estuvieron sobredeterminados, de conjunto, por una gestión burocrática estatal de las industrias y la economía, que quedó por fuera del control de los trabajadores, y de los consumidores. Aclaremos que el capitalismo de estado no es progresivo “en sí”; lo es si está subordinado a una dinámica de desarrollo de las fuerzas de la producción, encabezada por una clase social que juegue un rol históricamente progresivo. Así, el capitalismo de estado jugó un rol en el desarrollo del capitalismo alemán, en el siglo XIX (lo cual dio pie al “socialismo estatista”, que criticó Engels). Y el capitalismo de estado fue entrevisto por Lenin como una herramienta para el avance al socialismo, pero subordinada al poder de los soviets, y a un programa revolucionario. El rol del capitalismo de estado entonces está determinado por el contexto social y político en que se desenvuelve.

Lo esencial es que la burocracia estatal, cuando está aislada (o parcialmente aislada) de lo que podríamos llamar “el control” o la “presión” de clase, tiende a convertirse en un factor autónomo, un estrato que se enriquece con la apropiación del excedente. No es una burguesía en el sentido clásico, ya que no es propietaria de los medios de producción, pero medra en los intersticios de la articulación entre los medios de producción estatales y la economía de mercado, quedándose con una parte de la plusvalía. En este marco, tiende a reproducirse una mecánica que adquiría características casi catastróficas en las economías soviéticas. En estas últimas, la burocracia gobernante, elevada por encima de los obreros y campesinos, y sin estar sujeta a la disciplina del mercado y de la ley del valor (al menos en principio), no tenía manera de orientar de forma racional y eficiente las inversiones, ni la economía de conjunto. Por eso, Trotsky decía, refiriéndose a la URSS, que la planificación económica solo era posible si se articulaba con la democracia de los productores, por un lado, y el mercado y el dinero, por el otro. Es que en toda economía hay que comparar y medir los tiempos de trabajo empleados en la producción y la distribución, a fin de asegurar “una economía racional, que asegure el mejor empleo del tiempo” (Trotsky). Y esto no puede hacerse si se anulan las señales del mercado y se suprime la democracia de los productores.

Pues bien, en muchas economías basadas en el capitalismo de estado tiende a reproducirse parcialmente esta mecánica, ya que conviven amplios sectores estatizados -en los cuales la acción de la ley del valor se anula, al menos parcialmente, por las imposiciones de la burocracia- con la economía que sigue en manos privadas; a la par que se mantienen relaciones estrechas con el capital internacional y el mercado mundial. Sobre estas bases, la marginación del poder de decisión y control de la clase obrera lleva a que la planificación burocrática gire en el aire, carente de información sobre lo que sucede en los lugares de trabajo. Además, dado que el peso relativo de las fracciones burocráticas está condicionado por los sectores de la economía que controlan, las inversiones y los planes económicos se realizan sin atender a consideraciones de productividad, o a las necesidades de las masas, sino a una lógica de sostenimiento del poder burocrático.

Como resultado de estos factores concurrentes, la planificación con frecuencia es incoherente; la producción estatal no se compagina con la privada, y los costos (incluidos los costos ambientales y otras externalidades) no son atendidos. Paralelamente, la hostilidad de las masas trabajadoras -industriales o campesinas- hacia la burocracia se puede manifestar a través de conflictos abiertos, pero también, y con frecuencia, se expresa en el trabajo a desgano, la falta de motivación y la baja producción. A su vez, la desatención de la productividad lleva al crecimiento extensivo, que agota recursos, generando cuellos de botella en la cadena productiva, y desequilibrios en la economía de conjunto; de manera que los aparatos estatales dirigentes no generan planes coherentes para la economía, con consecuencias que pueden ser graves.

En las economías basadas en el manejo estatal de la renta, esta mecánica puede ser aún más acentuada, ya que el manejo del presupuesto por la burocracia es el punto neurálgico de articulación de la circulación de la renta, entre la industria petrolera y el sector no petrolero de la economía (Ominami). Esto le otorga mayores posibilidades de autonomización relativa con respecto a las grandes clases sociales. Y da lugar a tensiones y problemas crecientes: “El carácter ‘administrativo’ de la articulación entre los dos sectores es a menudo la fuente de un alto grado de ineficacia” (Ominami, p. 127). Por eso, las quejas por el despilfarro de recursos -agravado por la corrupción, los negociados, etc.- son una constante en la literatura referida a las experiencias de capitalismo de estado rentístico. Con seguridad, los partidarios del modelo chavista acordarán con el diagnóstico de Silva Michelena, sobre la “Venezuela Saudita” de los años 1970 y 1980. Sostiene que existía un “manejo desordenado y despilfarrador de los fondos públicos”, y la corrupción se había instalado “en el sector público y en el sector privado por igual y con la misma extensión” (1997, p. 163).

Ni siquiera en Argelia

Posiblemente nadie cuestione hoy que en experiencias como la venezolana de los 70 y 80, los trabajadores estuvieron excluidos del poder. Sin embargo, Argelia fue, en apariencia, un caso distinto. El régimen argelino se consideraba a sí mismo un capitalismo de estado en transición al socialismo (de acuerdo con la vieja idea de Lenin), y la mayoría de la izquierda mundial acordaba con este diagnóstico. Sin embargo, este capitalismo de estado “revolucionario” no avanzó a socialización alguna de los medios de producción. La Argelia de la post independencia demuestra, una vez más, que el capitalismo de estado, en sí mismo, no es salida para el desarrollo, ni la solución de los problemas de las masas. Nunca se insistirá lo suficiente en que el capitalismo de estado como herramienta de construcción socialista, en Lenin, estaba condicionado a que se mantuviera, y se fortaleciera, el poder de los soviets.

Pero no es lo que sucedió en Argelia. Farsoun (1978) presenta una interesante descripción del proceso argelino. Señala que a partir del golpe de estado de 1965, el gobierno de Houari Boumedienne consolidó el proceso institucional que había empezado Ahmed Ben Bella en 1962: el reforzamiento del control estatal burocrático sobre la economía, la desintegración del Frente de Liberación Nacional originario, y su reemplazo por el ejército como factor de integración nacional. El régimen de Boumedienne también redujo el poder político de líderes provinciales, atacó a las fuerzas independientes de izquierda, y sumó técnicos, entrenados en Francia, a la burocracia que heredaba del gobierno de Ben Bella. Con el paso de los años, estos técnicos y burócratas pasaron a ser una clase social, con intereses propios.

El gobierno también limitó el poder de los sindicatos en las empresas nacionalizadas; en 1966 se aprobaron reformas al Código Penal que restringieron el derecho de huelga; en 1969, el movimiento sindical autónomo fue obligado a convertirse en una rama del FLN, se redujo la militancia obrera y se dispuso que los salarios fueran fijados por el estado. En las empresas estatizadas se mantuvieron las prácticas de las viejas empresas capitalistas. En las cooperativas agrícolas, en manos del estado, también se debilitó la autonomía de los consejos obreros y las antiguas guerrillas. En síntesis, por todos lados hubo un proceso de concentración de la autoridad. Farsoun señalaba que el obstáculo más serio para la transición al socialismo residía en la misma naturaleza capitalista del estado: “La tendencia a formar un estrato de la sociedad argelina más privilegiado y poderoso, que comenzó sobre una base ad hoc bajo Ben Bella, fue sistematizada y consolidada durante los primeros ocho años del gobierno de Boumedienne. Cada una de las capas de la “nueva elite” se formó a partir de las circunstancias especiales de la guerra por la independencia y la era inmediata de la posindependencia. El capitalismo de estado como un sistema económico ayudó a crear y sostener tal “nueva elite” (p. 26). Agregaba que los burócratas del estado no conformaban una nueva “clase” en el sentido capitalista clásico, ya que no eran propietarios de los medios de producción. Pero tenían el monopolio sobre los medios de producción, un estilo de vida distintivo, en términos de privilegios materiales y contactos sociales, y movilidad social ascendente a través de la jerarquía de la organización estatal. Esa burocracia compartía intereses con miembros de otros estratos, principalmente los líderes del ejército, los profesionales y los propietarios de tierra argelinos nativos (muchos de éstos estaban en la propia burocracia, y no estaban interesados en avanzar en la reforma agraria). Y concluía: “Todavía son los burócratas del estado, con sus aliados profesionales y los propietarios de las tierras, los que tienen el control de los medios de producción frente a los trabajadores” (p. 27). Los trabajadores nunca tuvieron acceso al control directo de la gestión de las empresas; por supuesto, menos poder tuvieron aún en lo que se refería a las decisiones estratégicas de la política económica, y general.

Por otra parte, la situación con respecto a la gestión obrera no había mejorado con la aprobación, en 1971, de la “Carta de Gestión Socialista”, que hablaba del involucramiento de las bases a través de la participación en consejos de empresa (véase Nells, 1977). Según el texto de la Carta, desaparecían a partir de ese momento los motivos de conflictos, y los trabajadores debían mejorar la productividad “porque las empresas son del pueblo”. Nells, que simpatizaba con el gobierno argelino, admitía que “el régimen está buscando evitar ser sofocado por una burocracia estéril e irresponsable” (p. 536). Pero, según el articulado, el control efectivo seguía en manos de los administradores estatal. Y en la implementación de la Carta se hizo todavía menos por avanzar en la gestión obrera. Las primeras asambleas para elegir los consejos se realizaron recién en 1974 (se dijo que era para preparar mejor la gestión obrera), rápidamente aparecieron los conflictos entre los directores y los trabajadores, y las cosas siguieron igual. Más tarde, con la llegada de Chadli Bendjedid al poder (en 1979), los trabajadores sufrieron nuevos ataques: se aumentó la semana laboral, se ató una parte más elevada de los salarios a la productividad, y disminuyeron los gastos sociales (Alexander, 2002). En 1981 y 1986 hubo importantes huelgas y manifestaciones en protesta por la crisis que, como sucede siempre, la estaban pagando a pleno los explotados; “para 1988 Benjedid se había convertido en un autócrata aislado que dependía de la alta jefatura militar para permanecer en el poder, pero carecía de aliados y redes clientelares que lo ayudara a gobernar” (Alexander, p. 328).

Señalemos también que las contradicciones y problemas asociados a la gestión burocrática se extendieron a la relación con los campesinos. Toda la experiencia histórica demuestra que la incorporación del campesinado a un proyecto socialista nunca pudo, ni podrá ser llevada a cabo por la burocracia capitalista de estado. En Argelia, en especial, hubo además una manifiesta desatención del sector agrícola, agravada por los manejos burocráticos; la consecuencia, fue la caída de la producción, lo que también acentuó el problema externo (como se desarrolla en la tercera parte de la nota).

Textos citados:
Alexander, C. (2003): “The Architecture of Militancy: Workers and the State in Algeria, 1979-1990”, Comparative Politics, vol. 34, pp. 315-335.
CEPII (1983): Économie mondiale: la montée des tensions, Rapport du Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales, Paris, Économica.
Farsoun, K. (1978): “State Capitalism in Algeria”, Middle East Research and Information Project, MERIP Reports, Nº 35, pp. 3-30.
Nells, J. R. (1977): “Socialist Management in Algeria”, The Journal of Modern African Studies, vol. 15, pp. 529-554.
Ominami, C. (1986): Le tiers monde dans la crise, Paris, La Découverte.
Sid Ahmed, A. (1983): «Développement sans croissance, l’expérience des economies pétrolières du tiers monde», Critiques de l’economie politique, pp. 63-95.
Silva Michelena, H. (1997): «La crisis de los nuevos tiempos (y una larga mirada a las políticas públicas 96-97)», en AA.VV., Historia mínima de la economía venezolana, Caracas, La Brújula.
Trotsky, L. (1973): La revolución traicionada, Buenos Aires, Yunque.

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Renta petrolera y capitalismo de estado (2)