Rolando Astarita [Blog]

La aprobación en general, en Diputados, de la ley Bases y Puntos de Partida, o ley Ómnibus, en medio de una brutal represión a manifestantes y a trabajadores de prensa, es una ocasión para presentar algunas reflexiones sobre la coyuntura política y social que atraviesa Argentina.

Ofensiva de largo alcance contra salarios y jubilaciones

Si bien todavía no se dispone de los datos completos, es indudable que la devaluación del 118% del 13 de diciembre, y la consiguiente inflación (25,5% en diciembre; alrededor del 20% en enero) han provocado una renovada y fuerte caída de los ingresos de los asalariados y jubilados. Solo en diciembre los salarios habrían caído, en promedio, un 10%. A enero de 2024 el salario mínimo ($156.000) tiene el menor poder de compra de los últimos 23 años.

Pero no se trata de un “sacudón” episódico, sino de un movimiento tendencial que arrancó, aproximadamente, en 2017, con el gobierno de Cambiemos. Entre el pico alcanzado ese año y fines de 2023, los salarios del sector privado registrado cayeron, en términos reales, 19%; los ingresos de los trabajadores estatales sufrieron una baja del 21%; y los del sector privado no registrado se hundieron un 51% (cálculo de Santiago Manoukian de Ecolatina en base al INDEC). Por otra parte, la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, pensiones y la AUH (asignación por hijo), solo en 2023, fue de entre el 14% y el 37,4%.

Con una inflación para 2024 que el FMI prevé del 150%, los aumentos de salarios obtenidos en paritarias tienden sistemáticamente a quedar por detrás del alza del costo de vida. En esta lógica, el Gobierno congela partidas –por ejemplo, a reparticiones estatales- apostando abiertamente a la licuación de los ingresos de los trabajadores y de los sectores de menores recursos. Y en muchos casos, el Estado se niega a cumplir lo negociado. Un ejemplo es la decisión del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro de no abonar el aumento a los docentes del 36%, acordado en la paritaria.

Aumento de la precarización e informalidad del trabajo

Lo anterior va de la mano del aumento de la precarización e informalidad del trabajo. Desde 2017 al tercer trimestre de 2023 la tasa de informalidad de los trabajadores ocupados pasó del 48,4% al 51,3%, La tasa de empleo asalariado no registrado, para el mismo período, subió del 33,3% al 36,7%. De nuevo, estamos ante un movimiento de largo plazo. Las propuestas, del Gobierno, de reforma laboral, se inscriben en esta tendencia. Tres ejemplos: 1) plantea que un trabajador independiente pueda emplear hasta cinco trabajadores sin que eso configure una relación de dependencia. 2) El período de prueba cuando se inicia una relación laboral, pasa de tres a ocho meses. 3) Se derogan sanciones por trabajo no registrado y por pagos fuera de término de las indemnizaciones.

Recesión

El empeoramiento de las condiciones salariales y laborales ocurre en una economía en fuerte recesión. Es el resultado de la caída del consumo; de la debilidad de la inversión privada; el desplome de la inversión pública; y las restricciones a la importación de insumos básicos para la industria. Ya en noviembre la actividad económica había caído, en términos interanuales, 0,9%. En diciembre el asunto empeoró. Las ventas minoristas cayeron 13,7% interanual; la construcción 17,4%. La tendencia se habría acentuado en enero. Entre otros indicadores (citados por Natalia Donato en Infobae 4/02/2024)) se destacan la caída del 28,5% de las ventas minoristas de las Pymes (dato de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa); la baja del 30% de las ventas de indumentarias de los shoppings (Cámara Argentina de la Indumentaria); la caída del 33% de los patentamientos de automóviles, configurando el peor enero en 20 años (Asociación de Concesionarios); la caída de las ventas de línea blanca y electrónica de entre el 45 y 50%. En productos de consumo masivo la caída de ventas en los supermercados, siempre en enero, fue del 11,6%. El FMI pronostica que en 2024 el PBI caerá 2,8%. Pero si no se considera al agro, la previsión es que la caída llegue al 5,2%; una cifra que linda con una depresión económica.

Presión sobre la clase obrera y el chantaje de la huelga de inversiones

En este escenario para millones de asalariados la amenaza más inmediata pasa a ser el despido y la posibilidad de caer en la marginalidad y la indigencia. Una situación que afecta profundamente la vida de millones de seres humanos. Es que, como dijo alguna vez la economista keynesiana Joan Robinson, “es terrible ser un trabajador explotado en el sistema capitalista. Lo único peor es ser un trabajador incapaz de encontrar a alguien que te explote”. Y este es el hecho en que se apoya la amenaza a los trabajadores: “si quieren empleos deben renunciar a los derechos más básicos”. O sea, “primero están los derechos del capital”. Es el argumento, siniestro, de Milei: “si no aceptás ser explotado, tenés la libertad de morirte de hambre” (véase aquí). Es el poder de la propiedad privada de los medos de producción sobre aquellos que están obligados a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. De ahí el chantaje de la huelga de inversiones.

Este es el telón de fondo del RIGI, un régimen de incentivo para grandes inversiones, contenido en la ley Ómnibus propuesta por Milei. Allí se proponen fuertes reducciones impositivas en Ganancias e IVA para las empresas de capital extranjero o local que definan proyectos de inversión de por lo menos 200 millones de dólares y adhieran al sistema (véase Camila Dolabjian en La Nación, 5/02/2024). Un capítulo de la ley que, no es de extrañar, no ha sido casi discutido. Observemos que el chantaje de la huelga de inversiones no es una peculiaridad del capital “foráneo”, sino de todo el capital, nacional o extranjero, grande o pequeño, privado o estatal. Es fácil darse cuenta, además, que los ataques al derecho de huelga y de protesta, contenidos en el mega DNU, y el Protocolo Anti-Piquetes de la ministra Bullrich, son funcionales a esa exigencia del capital. 

Acuerdos fundamentales sobre el DNU y la ley Ómnibus

Por estos días buena parte de la atención de la opinión pública está centrada en las objeciones de la llamada oposición “dialoguista” (UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal) a diversos puntos de la ley Ómnibus, o al mega DNU. Pero existen algunos ítems de acuerdo profundo de las patronales con LLA. Entre ellos, el levantamiento generalizado de los controles de precios (apunta a poner en primer plano la regulación a través del mercado, esto es, la ley del valor); la reforma de la ley laboral; y el peso del “ajuste” sobre la clase trabajadora.

Ese acuerdo de fondo se expresa en el apoyo explícito del capital a la orientación del DNU y de la ley Ómnibus. La Unión Industrial Argentina, la CAME; la Cámara Argentina de Comercio y la Sociedad Rural Argentina (SRA) se pronunciaron en ese sentido. También la Asociación Empresaria Argentina, que agrupa a los grupos económicos más poderosos, apoyó el DNU y aplaudió la aprobación en general de la ley Ómnibus. Esta postura del «capital en general» tiene expresión en la “oposición dialoguista” que votó en general la ley Ómnibus, y en los gobernadores de Mendoza, Corrientes, Santa Fe, Chubut, San Juan, San Luis, Misiones, Salta, Neuquén y Río Negro, además de Ciudad de Buenos Aires, que la apoyaron, a pesar de diferencias, en especial en la cuestión fiscal. Con el agregado de los tres diputados por Tucumán que responden al gobernador peronista Osvaldo Jaldo. En este caso, a cambio de que se mantiene el proteccionismo a la industria azucarera y cítrica.

Otros gobernadores han estado tendiendo líneas de negociación con el Gobierno. Un ejemplo es Raúl Jalil de Catamarca, quien avanzó en el “ajuste” en su provincia. A Jalil le interesa que no se privatice la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua Dionisio. Es que el gobierno provincial retiene el 60% de las utilidades de la empresa (véase “Las maniobras subterráneas de dos gobernadores peronistas para colaborar con el Gobierno”, La Nación 28/01/2024). En esta nota también se informa que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, realizó un “feroz ajuste”; y los siete diputados que le responden tienen disposición para colaborar con el Gobierno.

Por otra parte, es llamativa la cantidad de ex funcionarios del gobierno de Alberto Fernández que pasó al Gobierno de la LLA. Además de Daniel Scioli, el más conocido, hay varios que estuvieron con Massa. Por ejemplo, Favia Royon al frente de la Secretaría de Minería; Lisandro Catalán, ex director del Registro Nacional de Reincidencia y hoy secretario del Interior; y Marco Lavagna, que continúa al frente del INDEC. (para no extrañarse, ¿recuerdan que Alberto Fernández militó bajo las órdenes de Cavallo? ¿Y que los Kirchner defendieron fervorosamente las privatizaciones de los 1990 y al gobierno de Menem que las llevó adelante?).

En el mismo sentido, hoy el peronismo cordobés contribuye con funcionarios en altos cargos. Un ejemplo es Osvaldo Giordano, ex ministro de Finanzas de Córdoba, nombrado titular de la ANSES por Milei. Por supuesto, a estos nombres hay que sumar los macristas en puestos claves. En primerísimo lugar, los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, ex candidatos a presidente y vice por Juntos por el Cambio.

Por fuera de aspectos anecdóticos, estos posicionamientos se explican por intereses de clase, que, además, coinciden con el apoyo del FMI, del gobierno de Biden  y de voceros del capital concentrado (como el Wall Street Journal y el Financial Times) a la orientación del Gobierno de la LLA. Precisamos que no se trata de una imposición colonialista del “imperio”, sino de una coincidencia en defensa de los intereses del capital frente al trabajo.

La oposición del nacionalismo estatista

El salto de ex kirchneristas al oficialismo puede llevar a la conclusión de que, por fuera de matices, “todo es lo mismo”, kirchnerismo y neoliberalismo.

Pensamos que es un error. Hemos discutido este tema (aquí) cuando en pasadas campañas electorales algunos partidos de izquierda sostuvieron que todos los candidatos burgueses eran “agentes del FMI” por igual. Por supuesto, “todos son lo mismo” en la medida en que defienden al sistema capitalista y están en contra de la emancipación social de los trabajadores. Pero no tienen el mismo programa. Un D’Elía no defiende el mismo programa que un Macri. La línea editorial de Página 12 no es la de La Nación. No es lo mismo plantear que para frenar la inflación hay que establecer el control estatal de precios, que abstenerse de intervenir y dar libertad plena al mercado. Como tampoco es lo mismo defender un “modelo” tipo Chávez Maduro, que rechazarlo de plano. Aunque, por otro lado, sostener que el programa estatista burgués es distinto de un programa “a lo Macri-Milei” no significa decir que el primero representa una solución a los problemas y padecimientos que atraviesan a la clase obrera y al pueblo. Más aún, la política económica y social de Massa y CFK, durante el gobierno de Alberto Fernández, puso en evidencia la impotencia del estatismo burgués. Lo cual favoreció el avance de la ultraderecha (véase aquí). O sea, hay identidad y diferencia. Y esa diferencia cobra relevancia a la hora de establecer una política socialista.

De lo anterior se deducen dos peligros: el primero es adoptar una postura sectaria ante la oposición del nacionalismo burgués o pequeñoburgués al gobierno de LLA. Es un hecho objetivo que existen reivindicaciones en torno a las cuales se pueden realizar acciones en común. Una cuestión que no es menor cuando la mayoría del activismo sindical y de los movimientos sociales se opone al Gobierno de Milei desde una orientación pro-estatista y nacionalista. El segundo peligro, sin embargo, es embellecer a la oposición nacional-estatista. Por eso la unidad de acción (por ejemplo, en defensa del derecho de huelga; o el derecho de protesta) debería acompañarse, en un enfoque socialista, de la crítica al programa y estrategia del nacionalismo burgués.

Contradicción central y conflictos entre fracciones burguesas

Por lo planteado hasta aquí, caracterizamos que la contradicción central está planteada en términos de clase. O sea, no coincidimos con la idea, sostenida por la oposición nacionalista y estatista, de que el conflicto está planteado en términos de “patria versus antipatria”, como afirma el periodista Víctor Hugo Morales. Una idea que se expresa cuando las manifestaciones corean masivamente “la patria no se vende”. La misma CGT convocó al paro y acto del 24 de enero con esa consigna.

Somos de la opinión que los conflictos abiertos entre fracciones de la clase dominante no tienen que ver con temas patrióticos, sino con la forma en que se reparten la plusvalía. Los conflictos y tensiones entre facciones del capital, y partidos políticos, giran principalmente en torno a impuestos y subsidios; las transferencias a los gobiernos provinciales; medidas proteccionistas; y reglamentaciones que afectan, o benefician, a distintas expresiones del capital. Como ejemplos, las disputas sobre las retenciones a las exportaciones (complejo sojero en primer lugar); en torno a los regímenes para el azúcar, yerba mate, pesca, biocombustibles, tabaco. También las tensiones por el freno a la obra pública. Asimismo, existen conflictos y tensiones por el manejo de cajas de organismos estatales o asociadas al capitalismo de Estado. Por las transferencias a las provincias. Y en torno a eventuales privatizaciones de compañías estatales: qué empresas pueden ser privatizadas, y en qué condiciones y formas (participaciones de capitales privados, injerencia del Estado).

Pero no se trata solo del dinero. En muchos sectores de la política burguesa, o pequeñoburguesa, existe un fuerte temor a que la vertiginosa caída de los ingresos de los trabajadores y sectores populares, y el agravamiento de la pobreza e indigencia, terminen en un estallido social de proporciones.

El rol de la burocracia sindical

En este entramado de intereses en disputa es necesario referirse a la burocracia sindical “tradicional”. Con estos términos significamos que no nos referimos a los dirigentes sindicales del reformismo nacionalista y estatista, sino a la dirigencia sindical que participa de los frutos de la explotación del trabajo, sin ser por ello capitalistas (aunque también hay sindicalistas que son empresarios). La caracterización social de este estrato es esencial. Al respecto, en una entrada anterior señalábamos:

“La función de la burocracia es mediar entre el capital y el trabajo; para eso se ocupa de controlar, canalizar conflictos y bloquear corrientes revolucionarias o contestatarias al interior de las filas obreras. En tanto cumple ese rol, el capital y el Estado consienten en que se apropie de una parte de la plusvalía. Sin embargo, esa apropiación no deriva directamente de la relación de producción capitalista. De ahí que los ingresos del burócrata sindical no tengan la estabilidad de la que goza la ganancia empresaria o el dividendo del accionista”. De ahí su posición contradictoria, y la necesidad de, en determinadas coyunturas, asumir la defensa de algunas demandas obreras puntuales (véase aquí). 

Pues bien, como mediadora de las relaciones entre el capital y el trabajo, la burocracia está obligada a oponerse, al menos parcialmente, a algunas de las medidas más claramente anti obreras y anti democráticas del Gobierno. Sin embargo, como formación social es parte del sistema de explotación. Su cuidado pasa por “no sacar los pies del plato”. De ahí que la política «de exigencias» -en la idea de que así se radicalizará la conciencia de las masas trabajadoras- no tiene mucho sentido. La mayoría de los trabajadores asumen que la dirección sindical es conservadora y está integrada al sistema. Y esto se confirma a cada rato. De hecho, el discurso de los dirigentes de la CGT en el acto del 24 de enero se limitó a criticar a los diputados que colaboran con LLA y solo ofreció como perspectiva el llamado a recomponer el peronismo. Esto sin contar que dirigentes como Cavallieri, de Empelados de Comercio, y Barrionuevo, de Gastronómicos, directamente no hicieron nada por el paro, en aras de mantener buenas relaciones con el Gobierno.

¿Qué posición tiene la pequeña burguesía?   

Planteamos el interrogante: ¿cuál es la posición de la pequeña burguesía, del pequeño propietario de un comercio, un taller, o similares, frente al programa Milei? Como evidencia anecdótica, en el trato diario encontramos pequeños patrones que apoyan la vía libre al trabajo informal contenido en el DNU y la ley Ómnibus. Muchos de estos sectores han sido base electoral de Juntos por el Cambio, primero, y de LLA (de la misma manera que en EEUU o en Italia amplias franjas de los pequeños propietarios constituyen la base social de un Trump, o de una Meloni).

Sin embargo, y por otra parte, la liberalización de los mercados y la supresión de regímenes especiales, afectan directamente a sectores de la pequeña y mediana producción. Por ejemplo, la propuesta, contenida en el mega DNU, de eliminar la potestad del Instituto Nacional de la Yerba Mate de regular los precios de la materia prima, fue rechazada por los productores pequeños y medianos (unos 13.000, la mayoría de los cuales poseen menos de 25 hectáreas). Su argumento es que los deja sin poder de negociación ante las empresas elaboradoras.

Otro ejemplo de medidas que afectan a la pequeña empresa es la propuesta de la ley Ómnibus de eliminar la ley de “Defensa de la Actividad Librera”. Esta ley que se inspira en otras similares que hay en Francia y otros países, establece el precio uniforme de la venta de libros al público. Con esto busca proteger a las librerías frente a los supermercados y cadenas de grandes superficies. La cuestión sin embargo no es solo económica, ya que está en juego la defensa de la libertad y diversidad cultural. Muchos libreros se manifestaron en contra de ese capítulo de la ley Ómnibus.

Por otra parte, el rechazo en sectores de las clases medias a los ataques del Gobierno al arte y la cultura; a la investigación científica y el Conicet; así como la negación del calentamiento global y de los problemas medioambientales; y las avanzadas de la LLA contra el derecho al aborto, generan fuertes resistencias en la intelectualidad y muchas franjas de los sectores medios. Con esto se abren espacios para la intervención en unidad, de nuevo por puntos reivindicativos concretos, de las fuerzas de izquierda.

Intento de avance bonapartista, ataques a las libertades

A las disputas por intereses económicos hay que sumar la preocupación, incluso entre muchos que se consideran liberales y pertenecen al establishment, por la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo para legislar en materia económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa. Lo cual está en línea con la intención de modificar o anular una gran cantidad de leyes por medio del mega DNU. Este intento de avance bonapartista cobra especial relevancia en la medida que el Gobierno anuncia que continuará con las medidas de “ajuste” sobre salarios y jubilaciones, a pesar del retiro del tema fiscal de la ley.

La avanzada bonapartismo enlaza con los ataques, ya mencionados, al derecho de protesta y de manifestarse. Entre las medidas propuestas en la ley Ómnibus contamos la suba de penas de uno a tres años y seis meses para quien, sin crear una situación de peligro común, bloquee el normal funcionamiento del tránsito. La pena será de dos a cuatro años si una persona que bloqueara la circulación causa daño a la integridad física de otra. Asimismo, se propone penar con prisión de dos a cinco años a los organizadores de una manifestación, estén o no presentes en ella. Además, los organizadores serán responsables por los daños a los bienes públicos que ocasionen los manifestantes. Por otra parte, toda manifestación deberá ser notificada al Ministerio de Seguridad con una antelación de 48 horas. En otro orden, el proyecto establece que no será punible de delito la persona que “obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. Esto incluye a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas. En criollo, es dar carta blanca al gatillo fácil.

Retiro del paquete fiscal, continuidad de la ofensiva del Gobierno

Ante las dificultades para avanzar, el Gobierno terminó retirando del proyecto de ley el capítulo fiscal. Se puede admitir entonces que, debido a las ideas y venidas de las negociaciones, al empeoramiento de las condiciones sociales, y las manifestaciones de protesta, el Gobierno se ha debilitado un tanto. Es lo que sostienen algunos analistas. Pero esto no significa un retroceso sustancial en el ataque a la clase trabajadora.

Para ver por qué, recordemos que el plan del Gobierno era reducir el déficit fiscal vía aumento generalizado de las retenciones; la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria; la moratoria impositiva y el blanqueo de capitales; y la reimposición del impuesto de ganancias (en realidad a los salarios) para la cuarta categoría. En el debate en el Congreso, ese programa tropezó con el rechazo parcial de los “dialoguistas” y los gobernadores “amigos”. Estos sectores se opusieron ante todo al aumento de las retenciones, a la suspensión de la actualización de las jubilaciones, y a algunas privatizaciones, o cuestionaron la forma de realizarlas, o de controlarlas. En respuesta el Gobierno retiró el capítulo fiscal de la ley Ómnibus; frenó la reposición del impuesto a las ganancias.; y sacó a algunas empresas estatales de la lista de las privatizables. ¿Un avance de las reivindicaciones de los trabajadores y las masas?

La respuesta es que no, que solo cambian las formas, no el contenido. Por ejemplo, los ajustes jubilatorios tal como están, garantizan que los jubilados sigan perdiendo con respecto a la inflación. Por otro lado, algunas empresas que el Gobierno quería privatizar, no se privatizarán. Pero esto esto no impide que sean sometidas a la lógica del mercado y la rentabilidad. Después de todo, la explotación del trabajo no cambia porque la patronal sea estatal o privada (o una combinación de ambas).

Pero, además, están en marcha: 1) la reducción de subsidios a transporte y energía, con la contrapartida es un fuerte aumento de las tarifas. Según un informe técnico del FMi (La Nación 2/02/2024), y en base a una comunicación del Gobierno, las tarifas de electricidad tendrán aumentos de más del 200% y las de gas de más del 150% a partir de febrero, o tal vez marzo. Y está prevista una fuerte alza del boleto del transporte.  2) El despido de trabajadores estatales (ya no se están renovando miles de contratos). 3) Menos transferencias a las provincias. Un ejemplo: en lo que va de 2024 el Gobierno nacional no envió dinero a las provincias por el Fondo de Incentivo Docente, que había perdido vigencia el 31 de diciembre. Ese dinero servía a los gobernadores para complementar los salarios docentes, que son cubiertos por las provincias (M. Boetner en Infobae 29/01/2024). 4) Fuerte reducción de las partidas sociales. Por ejemplo, el Gobierno congeló en los niveles de fines de 2023 los montos correspondientes a los planes Potenciar Trabajo. 5) Aumento, a partir del 1 de marzo, del impuesto a los combustibles, con incidencia directa en los precios de la nafta y el gasoil. 6) Fuerte disminución de la obra pública. Según la Cámara Argentina de la Construcción, en enero había cerca de 3500 proyectos inconclusos en todo el país, lo que afectaba a unas 1400 empresas que emplean unos 500.000 trabajadores.

Todo esto se suma a la caída que seguirían experimentando los salarios al quedar rezagados con respecto a la inflación. Precisemos también que la agenda de la reforma laboral, frenada ahora en la Justicia, seguirá abierta.

A la vista de estas circunstancias se explica la “comprensión” del FMI de la retirada del paquete fiscal. “Fue una decisión pragmática”, justificó la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva (según el Financial Times, citado por La Nación). “Te mueves donde tienes más consenso. También examinamos las consecuencias de esta decisión sobre los objetivos apropiados y quedamos satisfechos de que hay un plan de contingencia en marcha” (Georgieva, La Nación 3/02/2024).

La misma recomendación encontramos en el informe del FMI. Sostiene que el plan económico está condicionado por un “contexto político y social complejo, con un Congreso fragmentado, caída de los salarios reales y alta pobreza”. Por eso, si el Gobierno no cumple inicialmente todos sus objetivos, lo que importa es que de todas maneras se habrán tomado las medidas “para corregir los graves desequilibrios de Argentina”. La recomendación del Fondo, de ampliar la ayuda social para los sectores más sumergidos se inscribe en el temor a que esta historia desemboque en un estallido social mayúsculo. Por eso también hay conciencia en el establishment económico, y en “los poderes económicos concentrados”, de la necesidad de un acuerdo básico para sostener el “ajuste” en curso. Miguel Ángel Pichetto, principal referente de Hacemos Coalición Federal, lo explicita cuando aboga por un gobierno de coalición.

Acentuación de un discurso pronunciadamente de derecha

En lo discursivo, la orientación del gobierno de LLA es hondamente reaccionaria. En una nota anterior escribimos: «no hay que minusvalorar el peso ideológico y político del discurso de la ultraderecha. En particular, su exaltación del individualismo, que apunta a quebrar todo sentimiento de solidaridad, de hermandad de clase de los explotados. Este mensaje encuentra oídos receptivos en coyunturas de crisis y en ausencia de programas y perspectivas superadoras por la izquierda. (…) El comportamiento egoísta es fomentado de todas las formas posibles. Es la esencia de la “batalla cultural” de los Milei y Benegas Lynch».

Esta ofensiva ideológica es alimentada por cientos y miles de canales. Y se combina con el apoyo explícito del Gobierno de LLA a gobiernos, personajes y regímenes represivos y de derecha (Trump, Bolsonaro, Meloni, Bukele) y, más brutalmente, con la defensa y apoyo al genocidio que está llevando adelante Israel en Gaza. La lucha ideológica de los socialistas contra la ultraderecha cobra especial relevancia.

Tres enfoques ideológicos y programáticos de la resistencia

Consideramos que hay tres enfoques generales en los que se enmarca la resistencia a la ofensiva de LLA y aliados. El primero, interpreta que el eje del conflicto es “nacional”. La defensa de la patria frente al capital financiero (el FMI a la cabeza), la burguesía entreguista, y la ultraderecha neoliberal, está en primer plano. Junto a la reivindicación de «las banderas de Evita y Perón». El objetivo es reconstituir un frente nacional – como proponen Grabois y otros dirigentes afines al kirchnerismo- que vuelva al programa estatista burgués.

El segundo enfoque está a medio camino del anterior. Coincide con el kirchnerismo en que el conflicto está planteado en términos nacionales (el enemigo principal es el FMI; Argentina está sometida a potencias colonialistas; el estatismo burgués es progresivo). Pero critica al nacionalismo burgués por no luchar de manera consecuente por el programa nacional y estatista. Con esto se sugiere la táctica de “superar desde adentro” al peronismo y a la CGT o a la CTA, siendo más nacionalistas que los nacionalistas, y más estatistas que los estatistas. Con este encuadre, se atenúan las críticas al nacionalismo reformista. El énfasis está en la unidad “contra el imperialismo y los neoliberales”.  

Por último, el tercer enfoque caracteriza que el conflicto está planteado en términos de clase; sostiene que el programa del nacionalismo burgués o pequeño burgués no representa una solución para la clase obrera; y plantea la necesidad de, a la par de luchar por las demandas inmediatas, agitar y propagandizar las ideas del socialismo marxista (o sea, el socialismo obrero e internacionalista). Reconocemos que esta perspectiva hoy es ultra minoritaria. Es la que reivindicamos.

Para bajar el archivo: https://docs.google.com/document/d/10GvhdUucFHjJF9AwX7PYZNsmCrPtatBK-ajjLkhNDpw/edit?usp=sharing