Rolando Astarita [Blog]

En una nota anterior (aquí) dijimos que la reducción del horario semanal de trabajo a 35 horas en Francia no tuvo un efecto apreciable en la disminución del desempleo; y su contrapartida fue la flexibilización del empleo. Ampliamos en lo que sigue el tema.

La reforma

La reducción de la semana laboral fue introducida a través de dos leyes, conocidas como Aubry I y II (por la ministra de Trabajo, Martine Aubry), entre 1998 y 2000. Se dispuso que las empresas de más de 20 empleados debían llevar las horas de trabajo semanales de 39 a 35 en 2000 (o sea, una reducción del 10%); y las de 20 o menos empleados a partir de 2002. Se dispuso también que la jornada laboral no superara las 10 horas; los trabajadores no debían trabajar más de 4 ½ horas sin un descanso; y se establecieron 1600 horas anuales como norma legal. Aunque las empresas podían pedir a los empleados trabajar menos horas en algunas semanas, y más en otras. Si el total era 1600 horas, no había pago de horas extra. Si se superaba, la prima por horas extras sería del 25%; sin embargo, la ley permitía que las empresas pequeñas pagaran las horas extras con solo un 10% de bonificación. El número máximo de horas extra se estableció en 130.

Por otra parte, la ley dejó muchos detalles sin especificar, ya que la intención del Gobierno era que hubiese un amplio espacio para que las empresas negociaran reglas flexibles de trabajo (véase Gubian et al., 2004; Askenazy, 2013, también para lo que sigue). Enfaticemos que la negociación sería por empresa, esto es, no de forma centralizada por rama. Se trataba de una medida largamente anhelada por las patronales.

Se procuró no afectar las ganancias 

Una de las preocupaciones centrales del Gobierno fue que no se vieran afectadas las ganancias de las empresas. Se calculó que  una reducción de 40 a 35 horas semanales con total compensación salarial y sin aumento de productividad elevaría los costos salariales un 11,4%. Pero se contaba con que hubiera ganancias de productividad equivalentes a la tercera parte de la reducción de la jornada laboral. Esas ganancias se lograrían principalmente con reorganizaciones del trabajo. Pero también –aunque no se mencionó durante la discusión de la reforma- con la intensificación del trabajo; en la historia del capitalismo ha sucedido con frecuencia que la reducción de la jornada laboral es compensada con la eliminación de los tiempos muertos durante el proceso de trabajo.

Dado el aumento de productividad previsto, se consideró que el costo laboral unitario aumentaría un 7,6%. Por otra parte, se disponía una rebaja a las contribuciones sociales que pagaban las empresas, por lo cual el aumento neto del costo laboral unitario sería del 4,6%. Pero además se suponía que los salarios de los nuevos trabajadores se abaratarían –por la caída del salario mínimo bruto-; que los sindicatos aceptarían algunos congelamientos salariales; y que actuarían “con moderación”. En definitiva, la apuesta era que el impacto global en los costos fuera despreciable (Askenazy). Así, la medida debía ser beneficiosa tanto para el capital (tendría más flexibilidad para reorganizar el trabajo, sin costo) como para el trabajo (gozaría de más tiempo libre, sin pérdida del ingreso). Digamos que el sueño de todo reformismo socialista-burgués: la conciliación entre el capital y el trabajo para que todos vivamos mejor.

Flexibilización laboral

Las grandes empresas, agrupadas en MEDEF (Mouvement des entreprises de France), que en un principio se habían opuesto a la reforma, pronto vieron los beneficios de negociar la implementación de las leyes Aubry. Una de las vías para hacerlo fue poniendo en discusión la definición de qué debía considerarse tiempo de trabajo. Así fueron materia de negociación las interrupciones improductivas, las vacaciones extra y los períodos de entrenamiento. Por ejemplo, en panaderías y transporte por carretera se estableció el sistema de “horas equivalentes”, que tomaba en cuenta el tiempo insumido en esperar clientes. Así, 38 o aun 40 horas, eran equivalentes a 35 horas trabajadas. También hubo cambios en el status de los descansos. Por caso, Peugeot quitó las pausas de 1h 45′ por semana de la duración efectiva.  Los supermercados suprimieron los descansos de 3 minutos por hora para los cajeros de los cálculos del pago de tiempo trabajado. El tiempo de trabajo de un cajero en un negocio minorista de comida se redujo oficialmente 4 horas para llegar a las 35 semanales, pero de hecho la reducción fue de solo 2,25 horas.

Además, la adopción de las 35 horas fue acompañada en muchas empresas por un giro hacia el cálculo anualizado de las horas de trabajo. Lo cual permitió reducir pagos de horas extras. Por ejemplo, los trabajadores de Sansonite aceptaron trabajar 42 horas semanales en verano, cuando la demanda es más elevada; y 32 horas en invierno, cuando disminuye la demanda, sin costos extra para la empresa. Por otra parte, en muchas empresas se negoció la “moderación salarial” a cambio de la reducción de  la jornada. Otra forma de flexibilización fue la introducción de multitareas. Invariablemente estas flexibilizaciones se establecían como contrapartida de las 35 horas. Algunos estudios dicen que el 50% de los asalariados fueron afectados por estas políticas.

Escasa reducción de la jornada laboral

Dada la posibilidad de hacer horas extra, y por lo explicado más arriba, puede entenderse por qué la reducción efectiva de la jornada de trabajo terminó siendo muy limitada. En muchos casos a las empresas les convenía pagar las horas extra y no contratar nuevos trabajadores. Además, y muy importante, los trabajadores de cuello blanco no redujeron sus jornadas laborales. De hecho, en 2003 solo el 60% de los trabajadores del sector privado estaba en empresas con 35 horas semanales, y la reducción promedio efectiva de horas de trabajo, siempre en el sector privado, era de entre 5% – 6%. Por otra parte, y dado que al menos el 25% de la fuerza laboral estatal no tuvo reducción (maestros, investigadores, etcétera), también en ese sector la reducción efectiva de la jornada laboral fue limitada. Además, la ley Aubray nunca se terminó de aplicar para las empresas pequeñas.

Pero además, a partir de 2002, con un nuevo gobierno conservador, y la recesión a partir de 2001, se pusieron más restricciones. Empresas que habían cambiado a las 35 horas semanales recibieron menos subsidios estatales, y las que mantuvieron las 39 horas recibieron financiamiento parcial de sus contribuciones sociales. Por otro lado, el número de horas extra máximo se elevó a 220; y se hicieron menos costosas para los empleadores (rebajas en las contribuciones sociales). El resultado fue que la reforma se licuó todavía más. Según una investigación del Gobierno (Ministerio de Trabajo, del Empleo y la Formación Profesional), en 2011 los empleados y obreros de tiempo completo trabajaban, en promedio, 39,5 horas semanales. Además, los asalariados de tiempo completo declaraban haber trabajado efectivamente 1683 horas, o sea más que el máximo permitido. De acuerdo a estudios posteriores, en 2015 solo un tercio de la fuerza laboral francesa trabajaba 35 horas. Según Eurostat, actualmente los que tienen pleno empleo trabajan un promedio de 40,5 horas por semana; solo una hora menos que el promedio de la UE.

Poca creación de empleo

Es innegable que entre la puesta en marcha de la reforma y 2002 hubo una fuerte creación de empleo. Sin embargo, es difícil distinguir hasta qué punto se debió a la recuperación económica, y hasta qué punto a la reducción de la jornada laboral. Algunas estimaciones ubican la mejora debida a la reforma en unos 600.000 o 700.000 puestos de trabajo (Askenazy). Los cálculos oficiales dicen que por la ley se pueden haber creado unos 350.000 nuevos puestos de trabajo. Son mejoras, pero están bastante lejos de los dos millones de puestos de trabajo que los socialistas proponían crear con las reformas.

Nuevos ataques al trabajo

Significativamente, la productividad horaria del obrero francés hoy es mayor que en Alemania o Gran Bretaña. Sin embargo, el capital y el establishment están empeñados en una renovada ofensiva contra el trabajo.

El eje de esta ofensiva es la ley El Khomri (por el ministro de Trabajo Myriam El Khomri) aprobada en 2016, bajo el gobierno socialista de Hollande. Si bien se mantienen las 35 horas, ahora se permite que se alcancen las 44 horas semanales en un período de 12 semanas, si se acuerda en la empresa (antes estos acuerdos solo podían hacerse por rama). También se permite elevar el trabajo semanal hasta 60 horas “si lo justifican circunstancias excepcionales”. Y se permite que el límite máximo diario se lleve a 12 horas (antes eran 10) cuando fuera decidido por un acuerdo colectivo a nivel de empresa. En cuanto a las horas extra, se pagarán un 25% más las primeras 8 horas, y 50% las siguientes; sin embargo, un acuerdo colectivo a nivel de empresa puede reducir el sobrepago a 10%. Además, la nueva ley facilita el despido y reduce las indemnizaciones de obreros despedidos si son redundantes.

En definitiva, en Francia la implementación burguesa de la reducción de la jornada de trabajo ha tenido efectos positivos muy parciales y limitados para los trabajadores. Estos disponen de algo más de tiempo libre, pero por otra parte las patronales avanzaron en la flexibilización laboral. En otros países europeos la reducción de la jornada de trabajo tampoco redujo sustancialmente el desempleo (véase, por ejemplo, Kapteyn et al., 2004).

Lo más importante que trato de decir es que los trabajadores no deberían confiar en la posibilidad de acabar con la desocupación mediante remiendos del sistema capitalista. Hay que luchar sin albergar ilusiones en esos infaltables “economistas, filántropos, humanitarios, mejoradores de la suerte de la clase obrera, organizadores de la beneficencia, protectores de los animales, fundadores de sociedades de templanza y reformadores de todo pelaje” (Manifiesto Comunista), que elaboran sistemas “completos” de socialismo burgués, cuyo destino último es consolidar a la sociedad burguesa. Se desprende tanto de la teoría –de la plusvalía, de la acumulación capitalista-, como de la experiencia histórica.

Textos citados:
Askenazy, P. 2013, “Working time regulation in France from 1996 to 2012”, Cambridge Journal of Economics, vol. 37, pp. 323-347.
Gubian, A.; S. Jugnot; F. Lerais; V. Passeron (2004): “Les effets de la RTT sur l’emploi : des simulations ex ante aux évaluations ex post”, Économie et Statistique, N° 376-377, pp. 25-64.
Kapteyn, A.; A. Kalwij; A. Zaidi (2004): “The myth of worksharing”, Labour Economics, vol. 11, pp. 293-313.
Marx, K. y F. Engels (2000): El Manifiesto Comunista, elaleph.com.

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Francia, las 35 horas y flexibilización laboral