Rolando Astarita [Blog]

En la nota anterior publicamos la crítica de Luciana Censi -abogada laboralista y asesora gremial- a la reforma laboral impulsada por Milei. La intención es aportar a la militancia obrera y de izquierda contra la ofensiva sobre el trabajo. Con ese mismo objetivo, en esta entrada reproducimos el artículo de Alejandro Belin, La reforma laboral: reforzando la esclavitud asalariada – ANRedLa reforma laboral: reforzando la esclavitud asalariada – ANRed. Belkin es historiador (UBA).

Introducción

El 9 de diciembre de 2025, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación el proyecto de “Ley de Modernización Laboral”. Para la administración de Javier Milei, esta iniciativa representa un hito fundamental en su gestión y, según sus voceros, augura un cambio de paradigma definitivo en las relaciones laborales del país. Sin embargo, este proyecto no es un hecho aislado, sino el tercer eslabón en una estrategia persistente de desregulación del mercado de trabajo constituye la tercera gran ofensiva del Gobierno Nacional para transformar profundamente la legislación laboral argentina. ¿A qué responde esta insistencia? ¿Qué transformaciones estructurales busca consolidar la administración de Milei? ¿Cuál es el objetivo último de este cambio de arquitectura legal? El presente artículo se propone explorar estos interrogantes y aportar claves para un debate urgente.

El primer movimiento ocurrió apenas iniciada la gestión con el DNU 70/2023, presentado en cadena nacional el 20 de diciembre de ese año. Aquel decreto proponía cambios radicales —como la limitación del derecho de huelga (art. 24), la modificación de la ultraactividad sindical (art. 86) y la eliminación de multas por empleo no registrado (art. 53 y ss.)—, pero su capítulo laboral fue suspendido por la Justicia ante las medidas cautelares interpuestas por la CGT y la CTA.

El segundo intento se materializó con la “Ley Bases”, aprobada en junio de 2024 y reglamentada en septiembre del mismo año. Esta norma logró instaurar figuras sustanciales: la condonación de deudas y multas para supuestamente incentivar la regularización (art. 194), la extensión del período de prueba (art. 91), la habilitación del Fondo de Cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones tradicionales (art. 96) y ratifica la controvertida figura del “trabajador independiente con colaboradores” (art. 97). Bajo este escenario, el actual proyecto de ley constituye la tercera gran ofensiva del Gobierno Nacional para transformar profundamente la legislación laboral argentina.

Los objetivos de la reforma laboral

El proyecto de «Ley de Modernización Laboral» se compone de 182 artículos que abordan una amplia gama de materias, desde la jornada de trabajo hasta el sistema de indemnizaciones. ¿Cuál es el eje articulador que vincula la totalidad o la mayoría de sus artículos? El objetivo principal consiste en incrementar la subordinación del trabajo al capital, para que las empresas puedan organizar, con la mayor libertad posible, el proceso de trabajo, de acuerdo con sus intereses y las fluctuantes exigencias del mercado. Las patronales aspiran a disponer de la mano de obra a su entera voluntad, pretenden establecer las condiciones de trabajo sin obstáculos de ninguna índole o con mínimas restricciones. Los intereses vitales de la clase trabajadora quedan relegados y supeditados a los caprichos de la patronal, que ordena sus decisiones en base a la maximización de sus beneficios. En definitiva, la ley de reforma laboral no tiene por objetivos eliminar la informalidad laboral ni generar “empleo de calidad”, sino la disponibilidad absoluta de la mano de obra. Lo que el proyecto de “Modernización Laboral” busca es acentuar la soberanía patronal sobre el espacio y el tiempo de la producción.

Se busca equiparar a la fuerza de trabajo con cualquier otra mercancía, como un tornillo o un mueble, que se compra, se consume y se desecha sin “fricciones” legales. La burguesía exige disponer libremente de lo que compró, quiere que la fuerza de trabajo se comporte exactamente como cualquier otra mercancía. Si compras acero, no hay un sindicato del acero que te diga cómo usarlo o cuánto tiempo tenerlo en el depósito. La reforma laboral busca que la fuerza de trabajo pierda esa “excepcionalidad” humana y jurídica que la protegía. Es la mercantilización total. Una relación laboral “limpia” de regulaciones puede ser más productiva y moderna, pero es mucho más despótica. El capitalista puede introducir tecnología y reorganizar el trabajo sin estar obligado a solicitar permiso ni negociar condiciones. Al quitar las mediaciones (sindicatos, leyes, Estado), dejan al trabajador aislado frente a frente con el capital.

Plan de exterminio de las conquistas obreras

En otras palabras, la ley que se pretende aprobar busca barrer con la mayoría de las conquistas obreras que la clase trabajadora obtuvo a lo largo de su historia. Pero ¿qué son las conquistas obreras? Precisamente, con ese término nos referimos a los límites impuestos por la clase trabajadora a la libre utilización de la mano de obra por parte del capital. Se trata de regulaciones esenciales como la jornada de ocho horas, la prohibición del trabajo infantil, la reducción horaria en tareas insalubres, las indemnizaciones por despido, las vacaciones pagas y las licencias por maternidad. Son, asimismo, restricciones a la facultad patronal de modificar arbitrariamente las condiciones de trabajo. En definitiva, cada uno de estos derechos constituye una barrera legal frente a la discrecionalidad del capital en el uso de la fuerza de trabajo.

La clase trabajadora impuso estos límites al poder despótico del capital para resguardar sus intereses económicos, para proteger su salud física y mental, para resguardarse del desamparo y los vaivenes del mercado y como forma de aspirar a una vida lo más digna posible dentro del capitalismo. De esta manera, la burguesía fue obligada, por la fuerza organizada del proletariado, a tener en cuenta los intereses vitales de la clase trabajadora, restringiendo así sus márgenes de acción.

¿Libertad para quién?

Por lo tanto, la reforma laboral representa un choque directo entre dos formas antagónicas de concebir la libertad. La burguesía, con el aval del gobierno, pretende eliminar todo tipo de restricciones a su libertad en el ámbito del mercado y la producción. El proyecto de ley facilita tanto la contratación como el despido de mano de obra, ampliando el período de prueba y creando el fondo de cese laboral, entre otras tantas disposiciones. Además, a través de diversos artículos, amplía el poder de la patronal para modificar a voluntad las condiciones de trabajo de sus empleados (art. 23). De aprobarse este proyecto, aumentaría de manera significativa el sometimiento de la clase trabajadora a los caprichos de sus empleadores. Es decir, lo que para los patrones es una ampliación de su libertad de acción, para los trabajadores representa una mayor subordinación al capital.

En la sociedad capitalista, la libertad no es un concepto universal, que se aplica de la misma manera los individuos de todas las clases sociales. En el ámbito de la producción, especialmente, revela todo su carácter de clase. Este mayor sometimiento de los empleados a sus patrones, además, genera una gran incertidumbre. Por ej., el sistema de banco de horas (art. 42 y 43) permite extender arbitrariamente la jornada laboral hasta 12 horas, esta medida desestabiliza la vida cotidiana de las familias obreras, imposibilitando todo tipo de planificación semanal. La libertad patronal, de disponer a su antojo de la jornada laboral de sus empleados, destruye la libertad de los obreros a planificar su vida cotidiana. En definitiva, una misma medida amplía la libertad para una clase y la restringe para la otra. Cuando el gobierno habla de libertad se refiere a la libertad de la burguesía, libertad para comerciar y organizar la producción sin restricciones, lo que se traduce en una mayor esclavización de la clase obrera.

El proyecto de reforma laboral no beneficia al conjunto de la sociedad, defiende exclusivamente los intereses de los empresarios. Recordemos que los patrones constituyen una porción muy reducida de la sociedad, son apenas del 3,2% de la población económicamente activa. En un sentido más amplio, lo que el discurso oficial presenta como “modernización” o “seguridad jurídica” no es más que la elevación del interés privado de la burguesía al rango de interés nacional, la identificación total entre el Estado y el Capital. Cuando el interés privado de la burguesía se eleva a “interés nacional”, cualquier resistencia obrera deja de ser vista como un reclamo legítimo y pasa a ser catalogada como un “ataque al progreso”, una “extorsión” o un “atentado contra la libertad”.

Conquistas, leyes y organizaciones obreras

Como hemos señalado más arriba, las conquistas obreras son límites al poder despótico del capital y a la explotación desenfrenada de la clase trabajadora. Pero ¿cómo se expresan? Es decir, en la práctica, ¿cómo se materializan? Las conquistas obreras se expresan en leyes y convenios colectivos de trabajo, esta es la forma jurídica que adoptan. Para que estas normativas se apliquen, en la práctica, requieren de la firme voluntad de las organizaciones obreras, sindicatos, comisiones internas y cuerpos de delegados. Por este motivo, la clase obrera ha luchado también por el libre funcionamiento de sus organizaciones, para contar con las herramientas necesarias que le permitan resguardar las conquistas obtenidas. Sin organización no hay conquistas. Conocedora de este vínculo, entre conquistas y organización, la burguesía pretende debilitar el poder de los sindicatos, comisiones internas y cuerpos de delegados y, más en general, obstaculizar toda forma de organización obrera. Por diversas vías, la ley de reforma laboral entorpece y/o penaliza la acción sindical (art. 133, 134 y 143). De esta forma, se pretende maniatar a la clase trabajadora, para imponer la reforma laboral, pero más aún, que no se pueda rebelar en el futuro, cristalizando una nueva correlación de fuerzas entre burguesía y proletariado. De aprobarse esta nueva reglamentación, la clase trabajadora perdería todo derecho a organizarse y protestar libremente.

Al atacar la cuota sindical, limitar el derecho a huelga (servicios esenciales) y fomentar la figura del “colaborador” independiente, el proyecto busca que no haya un “nosotros” que pueda decir que no. Si no hay organización colectiva, el abuso individual se vuelve la norma y, con el tiempo, se naturaliza. Esa es la irreversibilidad que persigue la patronal, que el trabajador olvide que alguna vez tuvo poder sobre su propio tiempo (aunque más no sea parcialmente).

¿Por qué la reforma laboral?

Cabe recordar que Argentina atraviesa un estancamiento económico prolongado; desde hace casi quince años el Producto Bruto Interno no crece y el PBI per cápita muestra una tendencia decreciente. El factor determinante es la carencia de inversiones productivas. Partiendo de este diagnóstico, el Gobierno impulsa su reforma laboral bajo el argumento de generar condiciones atractivas para el capital. El objetivo es ofrecer a los inversores, tanto nacionales como extranjeros, una fuerza de trabajo disciplinada y desarticulada para alentar las inversiones y de esa forma reactivar la economía. Existe, por lo tanto, una racionalidad capitalista férrea y deliberada en la insistencia oficial por desregular el mercado laboral y minar el poder sindical.

Cristaliza y agudiza tendencias ya existentes

Más que una ruptura, la reforma laboral institucionaliza y profundiza tendencias preexistentes, dándoles un marco legal definitivo a la inestabilidad del trabajador. En la actualidad, cerca de la mitad de los trabajadores ocupados (47,2%) son asalariados registrados, la otra mitad son cuentapropistas (25,4%) y asalariados no registrados (27,4%). Es decir, desde hace años avanza una reforma laboral de hecho (con la complicidad de los gobiernos de turno y los jerarcas sindicales), la administración de Milei quiere profundizar aún más este proceso. Pretende equiparar, hasta donde sea posible, a los trabajadores registrados con los informales. Es decir, procura atenuar hasta disolver por completo la relación de dependencia, institucionalizando el empleo informal. El objetivo es el mismo, esquivar las leyes laborales (que expresan conquistas sociales) y otorgarles amplia libertad a los empresarios para disponer libremente de la fuerza de trabajo y organizar a su antojo el proceso productivo, sin considerar los intereses obreros.

Eliminando o mutilando las leyes laborales y los convenios colectivos de trabajo, la burguesía pretende reforzar el despotismo patronal (poder absoluto y sin límites sobre sus empleados), recuperando por completo el mando del proceso de trabajo. El capital busca que los trabajadores no tengan ningún asidero legal (fuera de la fábrica) que le permita desobedecer las órdenes del capital (dentro de la fábrica).

En otras palabras, lo que esta reforma busca es restaurar la unidad de mando. Que el patrón sea el único soberano en el lugar de trabajo, eliminando toda “distorsión” generada por los sindicatos y las regulaciones estatales. Esto es “más puramente capitalista” porque devuelve al capital su esencia: la capacidad de dictar la ley privada dentro de su unidad productiva.

La reforma no solo busca bajar costos, su objetivo principal consiste en obtener la disponibilidad absoluta del trabajo. En el lenguaje de Sturzenegger y los ideólogos de Milei, la “flexibilidad” es que el patrón pueda disponer de la fuerza de trabajo según los vaivenes del mercado. Si hay demanda, usará por 12 horas seguidas a su personal. Si no hay trabajo, los despedirá sin costo alguno. Y si algún trabajador pretendiera cuestionar las decisiones de la patronal, será reemplazado por un “colaborador” sin derechos. El patrón pretende usar a sus empleados como si se tratase de muebles. Esto convierte al trabajador en un insumo “just-in-time” -una mercancía que se adquiere y se descarta según las necesidades el mercado-, eliminando cualquier rastro de estabilidad vital para el obrero.

El capital quiere que la vida entera de los trabajadores sea un “recurso en espera”. Si el patrón puede cambiarte el horario o el lugar de trabajo de un día para el otro, el trabajador pierde la capacidad de planificar su propia reproducción (estudiar, descansar, estar con su familia). El trabajador se convierte en un apéndice de la máquina (o de la app, o de la logística de la empresa) las 24 horas del día. Es la soberanía absoluta del capital sobre el tiempo vital del obrero.

Lo que hoy se llama “modernización” es, en realidad, una reacción: el regreso al contrato de locación de servicios del derecho civil, donde el patrón y el trabajador son supuestamente “iguales” ante la ley, ignorando que uno tiene el capital y el otro solo su hambre.

Las conquistas obreras expresan los intereses y las necesidades de la clase trabajadora, intereses y necesidades que la reforma laboral pretende desconocer y ultrajar. Por ese motivo, estamos frente a un choque de intereses irreconciliables. El gobierno y las patronales pretenden arrasar con las conquistas obreras, desconociendo los intereses vitales de la clase trabajadora. La extensión de las libertades patronales, en el ámbito de la producción, implica necesariamente una mayor esclavización de la clase trabajadora».

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