Rolando Astarita [Blog]

La elección por parte de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández como candidato a presidente, ha generado todo tipo de análisis, y especulaciones. En esta breve nota presento algunas reflexiones.

Todo indica que el primer y obvio objetivo de la candidatura de Alberto Fernández es ampliar el apoyo electoral con vistas a ganar el ballotage. Es que la candidatura de Alberto F no restaría los votos del núcleo “duro” del  kirchnerismo (La Cámpora, Patria Grande, Nuevo Encuentro, y similares), a la vez que permite disputar votos al peronismo no kirchnerista, tentar a dirigentes como Massa para que entren en la coalición, y pescar entre los desencantados de Cambiemos. De hecho, ocho gobernadores peronistas ya se pronunciaron a favor de la fórmula F-F.

Pero en segundo lugar, y tal vez más importante, con la nueva candidatura se procura asegurar una coalición de gobierno que permita aplicar una política (en primer plano, bajar el gasto público) que evite un nuevo default. Además de avanzar en las “reformas estructurales” (reforma laboral, previsional y tributaria), que pide el capital de conjunto. Una demanda que se mantendrá al margen de que la economía argentina pueda experimentar algún rebote en 2020 (respondiendo a la mecánica usual de los ciclos económicos).

En cualquier caso, en este punto es necesario introducir el factor clave: la constricción que impone sobre los gobiernos la amenaza de la “no inversión”. En Argentina la misma se expresa en la debilidad  de la inversión productiva; en las recurrentes y abruptas salidas de los fondos que se colocan temporariamente en activos financieros; y en la casi constante fuga de capitales. Lo cual se traduce en baja productividad general de la economía, recurrentes ciclos de endeudamiento y posteriores devaluaciones de capital, frecuentes crisis cambiarias, altísima inflación  y extendida miseria de las masas populares.

La constricción de la amenaza de no inversión se concreta en que, en 2020, entre capital e intereses, y solo con el sector privado, hay vencimientos por 60.000 millones de dólares. No hay forma de que el próximo gobierno pague esta suma. Y si no defaultea, deberá refinanciar, por lo menos, los vencimientos de capital. Como es conocido, en esas refinanciaciones los acreedores, sean privados, o institucionales, imponen condiciones que apuntan a favorecer al capital “en general”. O sea, políticas que aseguren la generación y realización de plusvalías –en moneda fuerte, dólares- destinadas a cumplir con las obligaciones con el capital financiero. Más específicamente, en Argentina se trata de generar un marco social y político que asegure frente a la eventualidad de medidas nacional-estatistas (tipo cepo cambiario, control de precios, estatizaciones, prohibición de remesas de ganancias, manipulación del Indec, etcétera). Pero además, en la medida en que una economía está en crisis, las políticas que apuntan a restaurar  la rentabilidad del capital, se hacen más duras. Los ajustes “a lo FMI” de Portugal (que una parte del progresismo criollo reivindica como modelo a seguir) y Grecia, son ejemplares al respecto. En esto no hay número de votos que valga. Cristina K podrá tener el apoyo popular, pero a la hora de exigir el pago de las deudas ese apoyo a los acreedores les importa poco (recordar aquí la experiencia de Syriza con el FMI y la Unión Europea). Con el agregado de que la situación económica mundial está empeorando. Entre otros factores, en los últimos tiempos hubo liquidación masiva de bonos de países “emergentes”, siendo Argentina uno de los más afectados. Y el contexto puede empeorar si se profundiza la guerra comercial entre EEUU y China (el precio de la soja ya bajó más de 100 dólares en los últimos meses).

De lo anterior se deriva la contradicción que recorre la coyuntura: con el voto popular CFK puede llegar a la presidencia, pero con eso no se supera la constricción que imponen  la relación capitalista y el poder concentrado del capital dinero. De ahí el rol asignado a Alberto Fernández. No tiene votos, -se los aporta CFK- pero su misión  es tender puentes con las cámaras empresarias y los inversores, con los grandes medios de comunicación, con Washington y otras potencias,  y con el FMI. Se trata de asegurar “a los factores de poder” que un gobierno K 2019-2023 será “racional y moderado”. Para eso, Kicillof ya aseguró en Washington que “nadie puede querer un default”, que “no podés romper con el Fondo” y recordó que “durante el gobierno de CK cumplimos con todos nuestros compromisos, nunca tuvimos una postura de no cumplirlos”. Pero no bastó.

Por eso ahora la candidatura de Alberto Fernández apunta a elevar el nivel de garantías. En este respecto, el economista Matías Kulfas, señalado como uno de los principales asesores económicos de Alberto Fernández, acaba de declarar que “los compromisos asumidos serán honrados y con el FMI se discutirá y se negociará articulando estrategias que permitan recuperar el crecimiento y pagar la deuda” (La Nación, 20/05/19; énfasis agregado). Tengamos presente que la deuda con el FMI hasta 2021 es de 57.100 millones de dólares. Por supuesto, en el plano de las hipótesis se puede especular con que un eventual gobierno F-F repudie la deuda y emprenda un curso de extendidas estatizaciones y profundización de medidas tipo capitalismo de Estado. Pero se trata de una especulación vacía. No hay elementos que permitan entrever algo semejante, ni existe base política y social para lanzarse a algo parecido al chavismo-madurismo (con el agregado de que el chavismo pagó deuda externa  hasta el agotamiento del país). Seguramente habrá algunos retoques –por ejemplo, Kulfas parece proponer un cambio en el régimen de liquidación de las exportaciones; alguno propondrá algo más de “precios cuidados”- pero nada dramático, por lo que se puede atisbar a futuro.

Por lo anterior se dio entonces la extraña circunstancia (tal vez única en el mundo) de que la candidata a vicepresidenta designó al candidato a presidente. Lo cual puede ser fuente de tensiones y hasta de crisis a futuro. Especialmente cuando haya  que pagar los costos políticos asociados a las medidas de ajuste del próximo gobierno. En cualquier caso, CFK establece una importante conexión con la militancia nac & pop, con el sindicalismo reformista, el PC y organizaciones afines. Aunque no son significativos en términos de votos, esta gente aporta desde lo ideológico y político, y exhibe una significativa capacidad de movilización callejera. Lo cual destaca el rol imprescindible de CFK para poner esa militancia al servicio de la candidatura de quien hasta 2017 era “traidor vendepatria y agente de Clarín”. De ahí también la utilidad de apelar a la memoria de Gelbard (ex ministro de Economía de Cámpora y Perón, entre 1973 y 1974) y el “pacto social al servicio de la liberación nacional”. Todo sirve para entusiasmar al socialismo pequeño burgués nacionalista y empeñarlo en políticas de conciliación de clase, imprescindibles para la “gobernabilidad”.

Precisemos asimismo que el debate por la ampliación de la base social y política con vistas a la continuación del ajuste se ha extendido a Cambiemos: un sector del radicalismo demanda la ampliación de la coalición oficialista hacia el peronismo federal (Schiaretti, Urtubey). Incluso inversores y analistas de Wall Street piden que Macri se baje de su candidatura para armar una coalición más amplia que derrote al kirchnerismo (véase La Nación, 19/05/19). Es que cada vez parece más claro –lo muestran las elecciones provinciales realizadas hasta ahora- que Cambiemos va camino a una derrota de proporciones en la elección nacional.

Para terminar, una observación sobre algunos análisis de organizaciones de izquierda, que leí por estos días. En uno de ellos se afirma que  la candidatura F– F es “una claudicación de CFK frente a los mercados”. En otro se sugiere que CFK sería “progresista” frente a Alberto F. Pues bien, la primera cuestión es qué significa “luchar contra los mercados” bajo el sistema capitalista. ¿Luchar contra los precios? ¿Contra la oferta y la demanda? ¿Significa imponer controles de precios? Frente a esto, la crítica marxista debería explicar que la idea de que el Estado burgués puede manejar los mercados –los precios y cantidades comerciadas- es una ilusión propia del reformismo burgués, que en ningún lado ha dado resultados beneficiosos para las masas populares (y ha alentado el conciliacionismo de clase). Estamos al nivel elemental de la crítica marxista: el mercado es un producto de las relaciones sociales de producción imperantes, por lo cual no tiene sentido la lucha “contra el mercado” si no se acaban esas relaciones que le dan fundamento.

Pero además, son esas leyes objetivas de la economía capitalista –la ley del valor, de la plusvalía, las tendencias de la acumulación del capital- las que explican por qué el  kirchnerismo apoyó  políticas “de ajuste” siempre que lo creyó necesario. Lo hizo cuando defendió las privatizaciones  en  los 1990 (y Alberto Fernández era alto funcionario menemista); o cuando, en 1999, aplicaba el ajuste en Santa Cruz, siguiendo a Cavallo, ministro del gobierno de la Alianza; o cuando instrumentó la devaluación de 2014; y también cuando aplicó, y sigue aplicando, el ajuste de nuevo en Santa Cruz. ¿Qué sentido tiene entonces sostener que Cristina F tiene una trayectoria política a la izquierda de Alberto F? La única justificación que puedo encontrar para semejante afirmación por parte de alguien que se considera marxista es el intento de establecer alguna conexión con el kirchnerismo izquierdista. Pero el kirchnerismo izquierdista va a militar por la candidatura F-F con plena conciencia de lo que significa. En todo esto no hay ingenuos ni confundidos.

Agreguemos que, en un plano más general, el peronismo también respondió a las crisis con políticas “ortodoxas”. Así, además de la ya citada política menemista, podemos recordar el ajuste instrumentado por el propio Perón en su segunda presidencia, a partir de 1952; o el paquete de ajuste de Isabel – López Rega, en 1975, que dio lugar al llamado Rodrigazo.  Y destacar que el repunte de la economía argentina desde mediados de 2002 ocurrió después de un profundo “ajuste”, que significó una de las caídas más grandes de los salarios y las condiciones de vida de la población.

En definitiva, lo de CFK no es “claudicación”, o “traición”. Es, simplemente, política de clase, en su sentido más profundo. Tener esto en claro es el punto de partida para luchar por la independencia de la clase obrera. En otros términos, por generar conciencia de que los padecimientos de las masas trabajadoras no se superan cambiando los personajes que están al frente del Estado, sino cambiando el carácter de clase del Estado.

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