Rolando Astarita [Blog]

Aclaración: dada su longitud, dividí la nota en tres secciones

Un nuevo escándalo, vinculado a los negocios de la droga, sacude a la opinión pública en Argentina. Para los lectores del exterior, sintetizo los datos más relevantes. Aníbal Fernández, jefe de Gabinete, ha sido vinculado con el tráfico de efedrina que se utiliza para la fabricación de drogas sintéticas, y con un triple crimen. Dos testimonios lo vinculan con el asesinato de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, cuyos cuerpos aparecieron, el 7 de agosto de 2008, acribillados en las afueras de Buenos Aires. Los tres estaban en el negocio de la efedrina.

También se ha vinculado a Fernández con el financista Esteban Pérez Corradi, quien se encuentra prófugo y es considerado por la Justicia como el autor intelectual del crimen. José Luis Salerno, ex socio de Ferrón y ex policía, afirmó que Aníbal Fernández comandaba la banda que operaba con la efedrina. Martín Lanatta, condenado a cadena perpetua por habérselo encontrado culpable de los asesinatos, junto a su hermano y los hermanos Schilaci, es la otra fuente que acusa a Fernández. Este niega, con vehemencia e indignación, que tenga algo que ver, y dice que se trata de una operación de prensa, montada por el grupo Clarín, el periodista Jorge Lanata y sus rivales en la interna del partido gobernante, el Frente para la Victoria.

Necesaria intervención del Estado…

No tenemos elementos para decidir si las cosas son como dice el jefe de Gabinete, o sus acusadores. Pero sí hay suficiente evidencia como para afirmar que, necesariamente, sectores muy importantes del Estado participan y colaboran con el narco-capital. La razón es simple: es imposible que un negocio que mueve miles de millones de dólares pueda desenvolverse sin el consentimiento y amparo de instancias estatales. El asunto de la efedrina es ilustrativo. La importación de efedrina en Argentina aumentó dramáticamente a partir del momento en que México, en 2005, prohibió su entrada. Entonces el negocio para los narcos fue traer la efedrina a Argentina, donde no existían restricciones legales a su importación, para reenviarla a México, donde se usa para la fabricación de drogas. Se calcula que entre 2005 y 2008 unas 40 toneladas de efedrina ingresadas al país se desviaron por esta causa. Como dato de comparación, en 1999 se importaron 1190 kilos; en 2007 fueron 20.450 kilos. Según la jueza Servini de Cubría, que interviene en el caso, entre 1999 y 2010 se importaron 55.900 kilos de efedrina.

Es evidente que organismos del Estado “miraron para otro lado”, para decir lo menos. El Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico) es el organismo que estaba encargado de autorizar las importaciones y hacer el seguimiento de su utilización. Sus funcionarios no pueden decir que estaban distraídos; su ex titular, Ramón Granero, está involucrado en la causa por la importación de efedrina. Pero otras instancias estatales también estarían involucradas. Por ejemplo, los hermanos Zacarías, también acusados de importar efedrina, ocupaban altos cargos en el Estado: Rubén Zacarías fue jefe de Protocolo y Ceremonial de la Casa de Gobierno hasta 2013; Miguel Zacarías era el secretario privado de Granero; Luis Zacarías fue empleado del Ministerio de Planificación. Tanto los Zacarías como Granero eran muy allegados a los Kirchner. Durante el juicio por el triple asesinato se afirmó que jefes de la Policía Federal recibieron dinero por su colaboración para dejar circular la efedrina. Cuando Lanatta se escapó a Paraguay, volvió al país en un auto de los servicios de inteligencia. Cuando una senadora peronista, Sonia Escudero, presentó un proyecto para prohibir la importación de efedrina, Aníbal Fernández dijo que semejante medida afectaría los derechos humanos de los enfermos. Laboratorios vinculados a la importación de efedrina aportaron importantes fondos para la campaña presidencial de 2007 de Cristina Kirchner. Todo apunta a que existen fuertes relaciones entre altos funcionarios, altos mandos de las fuerzas de seguridad (policía, servicios de inteligencia), jueces y fiscales, y las bandas de narcotraficantes. Aunque las cosas se tapan, la mayor parte de las veces.

Lo importante es entender que el Estado en todo esto no es neutro. Una vez más, el accionar de las instituciones estatales responde a lógicas de clase, mal que les pese a los adoradores del estatismo. De hecho, es una palanca de acumulación para el narco capital, y para altos funcionarios que son partícipes imprescindibles del negocio. Y es una palanca para insertarse en los circuitos globalizados del capital  sostenido en dineros «negros» (se amplía más abajo). Por eso, en este, como en otros ámbitos, no hay incompatibilidad entre Estado y negocios privados.

… y del capital financiero internacional

Por otra parte, es imposible que el narco-capital, y el narco-capital-estatal funcionen sin la participación de las redes financieras internacionales. Las ganancias extraordinarias que se obtienen de estos negocios necesariamente deben insertarse en los circuitos financieros.

Para darnos una idea de la magnitud del negocio, digamos que, según Global Financial Integrity (organismo con sede en Washington), en casi un cuarto de 82 países que se pusieron bajo estudio, la razón de flujos financieros ilícitos con relación al PBI fue, entre 2008 y 2012, del 10% o mayor. Por flujos financieros ilícitos se entiende movimientos de capital de un país a otro. El 40% de esos países estudiados tenían flujos ilícitos que eran al menos el 10% del total del valor comercializado. Como dato ilustrativo, GFI estima, siendo conservador, que en 2012 unos 991.200 millones de dólares salieron de países atrasados, siendo fondos ilegales. Este dinero termina en bancos de países desarrollados (un 55%), o en paraísos financieros (45%). Recordemos que los paraísos fiscales aceptan dinero de cualquier lado sin informar a las autoridades del país en que se originó, o del que proviene (son ejemplos Andorra, Bahamas, Luxemburgo, Islas Vírgenes, Seychelles, Islas Caimán). Del total de los flujos, la mayor parte corresponde a las drogas ilegales; en 2011 el contrabando de droga habría movido 320.000 millones de dólares; 250.000 millones por falsificación de marcas y 31.000 millones por tráfico humano.

Mover esos montos exige una gigantesca, e internacionalizada, ingeniería financiera. Uno de los métodos privilegiados para trasladar estas sumas es con subfacturación o sobrefacturación de importaciones y exportaciones. A su vez, para lavar el dinero (esto es, ocultar su procedencia ilegal e integrarlo al sistema legal) es necesario el sistema bancario; la forma básica del lavado consiste en pasar el dinero por diversas cuentas de bancos, para que se pierda su rastro. Una vez legalizado, es difícil distinguirlo del que proviene de fuentes legales. En este proceso intervienen también empresas fantasmas, cuya propiedad está disimulada, que abren cuentas bancarias y giran dinero como cualquier otra empresa. Para dar un ejemplo de cómo se disimulan empresas: una empresa se crea en las islas Seychelles, que es controlada por otra en Barbados; que a su vez es controlada por otra en Panamá. De esta manera es imposible seguir el rastro. Decenas de miles de empresas se registran por año en diferentes paraísos.

Por eso se imbrican en los negocios sectores de la alta burocracia estatal (el lumpen burgués estatista en su máxima expresión), capitales privados locales y amplias porciones del capital bancario y financiero internacional. Este es el contexto que da verosimilitud a los relatos que se filtran de entre la maraña de inmundicia, mafias, servicios de inteligencia y altos financistas que rodea al asunto. Este también es el contexto en el cual hay que explicar hechos que de otra forma parecen inexplicables, como, para poner un ejemplo, el viaje por pocas horas de una presidenta, en avión privado, a las islas Seychelles, sin agenda oficial que lo justifique. Solo gente cegada por el fanatismo puede creer que estas excursiones las realiza un gobierno «nacional y popular para luchar contra los buitres y financieros internacionales”.

(Continúa en la segunda parte de la nota).

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«Droga, Estado y globalización (1)»