Rolando Astarita [Blog]

Al proclamar, a comienzos de 2009, la nueva Constitución, Evo Morales convocó a luchar por la construcción del “socialismo comunitario” en Bolivia.

En enero de 2010 el Fondo Monetario Internacional publicó el informe correspondiente a las consultas por el artículo IV de los Artículos de Acuerdos, para 2009 (“Staff Report for the 2009 Article IV Consultation with Bolivia”; puede consultarse en la página web del FMI). Este informe lo redacta el staff del Fondo, luego de mantener discusiones con el gobierno de Bolivia. El mismo fue disimulado por la oposición de derecha a Evo Morales; y no parece haber sido registrado por la izquierda que piensa que Bolivia está en camino al socialismo. Sin embargo es un documento revelador. En primer lugar, porque es revelador de la lectura que está haciendo una parte clave del establishment del capital mundializado sobre el proceso boliviano. Y, en segundo término, porque evidencia las tendencias que están operando en la economía boliviana (no debe olvidarse que el informe no fue refutado o rechazado por el gobierno), que pueden explicar algunos conflictos sociales en desarrollo. Comienzo sintetizando los puntos salientes del informe del FMI.

El informe del FMI

El FMI señala que Bolivia se vio beneficiada en los últimos años por una fuerte mejora de los términos de intercambio. La acumulación de reservas externas, y los superávit fiscales, posibilitaron que pasara de ser un país deudor a acreedor neto. Aunque en 2009 la economía tuvo una desaceleración, provocada por la caída de los precios de sus exportaciones y de los envíos de divisas de emigrantes, logró un crecimiento positivo del 3,25%. El informe observa que una correcta política moderadamente contracíclica por parte del gobierno contribuyó a sostener la demanda durante la recesión. Es que el gobierno utilizó los excedentes de 2005-2008 para generar amortiguadores macroeconómicos. En los años de boom, solo hubo un moderado incremento del gasto público; de manera que Bolivia tuvo recursos para hacer frente a la recesión de 2009.

A su vez los funcionarios del Fondo respaldan las políticas de supervisión financiera del gobierno.  Aprueban que las autoridades hayan aumentado los requerimientos de márgenes de reservas sobre los depósitos en dólares, a fin de generar un colchón de liquidez en divisas externas más elevado por parte de los bancos. En este marco recomiendan que se introduzcan más regulaciones para mitigar los riesgos de mercado y de crédito que puedan provenir de la dolarización; la adopción de un esquema de seguros de depósitos; y que se adopte una legislación que rija los procesos de quiebras de empresas y reestructuración.

Los funcionarios del FMI plantean también que la política monetaria, de baja tasa de interés, fue apropiada, aunque recomiendan ir elevando la tasa en 2010. Las autoridades bolivianas respondieron, consigna el informe, que endurecerían la política monetaria de acuerdo a cómo evolucione la inflación y la balanza de pagos. El FMI también considera que el fortalecimiento de los fundamentos económicos y las medidas para inducir a una bolivianización voluntaria de los activos financieros han llevado a una caída considerable de la dolarización, lo que disminuye los riesgos de default de la deuda.

Por otra parte el FMI saluda que las autoridades estén considerando reformas para disminuir, en el mediano plazo, la dependencia de Bolivia de los ingresos de hidrocarburos. Estas reformas incluyen impuestos directos más altos, y el rebalanceo de gastos fiscales. Los expertos del Fondo recomiendan algo más de flexibilidad en la política cambiaria.

También elogia al gobierno por expandir la red de seguridad social y mejorar la infraestructura. Señala que en 2007 el 60% de la población vivía en la pobreza, y el 38% en la extrema pobreza. La extrema pobreza era particularmente alta entre la población indígena, alcanzando al 61% de la misma. El coeficiente Gini, que mide la desigualdad, se ubicaba en 0,6 que es de los más altos en América Latina. El gobierno, dice el informe, ha distribuido rentas naturales a través de programas que benefician a los sectores más pobres de la población; además, mejoró el acceso de esos sectores a servicios básicos, como agua y sanitarios, y a la red de transporte, especialmente carreteras. Según datos del gobierno, la pobreza extrema se redujo 4,8 puntos porcentuales en 2008; la deserción escolar bajó 5,2 puntos, al 2,8%; y disminuyó la tasa de analfabetismo.

El FMI sostiene que una pieza maestra en los cambios que experimentó Bolivia ha sido la nueva constitución, que asigna un mayor rol al Estado en el desarrollo económico. Observa por otra parte que las autoridades bolivianas procuran la expansión de la producción en recursos naturales y su industrialización, lo que demandará grandes inversiones. Dice que la intención del gobierno es permitir la participación privada en el capital y la dirección de las empresas públicas. También establecer acuerdos de producción o servicios con el sector privado, para conseguir una capacidad de apalancamiento más alta y facilitar la adopción de técnicas modernas de administración y tecnología. El informe del FMI observa que YPFB tiene un plan de inversión para exploración y explotación; para transporte y almacenaje; para aumentar la capacidad de refinación; para conectar 900.000 hogares de la red nacional de gas; y la construcción de una planta de fertilizantes y de plantas separadoras de gas. El plan 2010-2015 contempla inversiones por US$ 11.300 millones, de los cuales US$ 7500 corresponderán a la empresa estatal. También hay planes para la explotación de litio, mineral del que Bolivia tiene la mitad de las reservas mundiales, y es muy requerido hoy por las baterías. En este sector las autoridades bolivianas estiman una inversión potencial de US$ 800 millones y afirman que varias empresas extranjeras demostraron interés.

El FMI recomienda despejar incertidumbres en el marco legal para alentar la inversión privada, en particular en el sector de hidrocarburos, y adoptar una estrategia para mejorar el clima de los negocios. También políticas para establecer procedimientos modernos para hacer frente a quiebras y reestructuraciones de empresas. Las autoridades responden que están trabajando en una legislación para establecer un fondo garantizado para empresas medianas de negocios y de seguros para actividades agrícolas.

En cuanto al plano fiscal, las autoridades están trabajando en una reforma para hacer al sistema más progresista, con asistencia técnica del Fondo. El FMI alienta la reforma fiscal para generar relaciones estables con los departamentos, regiones, municipalidades y autonomías indígenas, y para que los recursos provenientes de los hidrocarburos se distribuyan según las necesidades, y no según la posesión de riqueza natural de las regiones o departamentos. Todo esto sin descuidar la necesidad de que la administración central vuelva a ganar fortaleza en sus finanzas.

El Fondo también destaca que Bolivia ha disminuido su deuda externa, y se han alejado los peligros de default. Desde 2004 a 2008 la relación deuda externa/PBI de Bolivia cayó casi 50 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 38%.

El FMI no objeta las empresas estatales en sí mismas, pero aconseja que sean sometidas a auditorías anuales independientes y que se eliminen las funciones fiscales o cuasi fiscales de esas empresas. Además sostiene que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas debería desarrollar la experticia en las operaciones financieras de las empresas públicas, en especial de YPFB. Las autoridades bolivianas a su vez informan que están trabajando en reformas legales a fin de aumentar la eficiencia de las corporaciones estatales y proveer las herramientas para que haya un management efectivo, incluyendo la política salarial.

Un programa y una política capitalista

En primer lugar quisiera destacar que el hecho de que el gobierno de Evo Morales haya aceptado la revisión anual que establece el artículo IV de los acuerdos del FMI, no implica que sea un “lacayo” del imperialismo, o algo por el estilo. Aclaro este asunto porque en Argentina se ha sostenido que aceptar esta revisión implica una especie de “entrega” de la soberanía, o aceptar una sujeción semicolonial. En realidad, se trata de una discusión entre el FMI y un gobierno capitalista, políticamente independiente, aunque al frente de un país económicamente dependiente.

En segundo término, es claro que el informe es muy elogioso hacia el gobierno de Bolivia y su política. Existen matices, algunas observaciones aquí o allá, pero nada que se salga de los carriles normales de una discusión entre capitalistas que examinan la economía de cualquier país, y están satisfechos, en líneas generales, con su evolución.

En tercer lugar, de los datos que se presentan en el informe, y de las posturas del propio gobierno, se desprende que en Bolivia se está desarrollando un programa y una política capitalista. Dicho en otros términos, no cabe pensar que el FMI haya tomado una política “en esencia revolucionaria y socialista” por una política capitalista. Como expliqué en otra nota en este blog, la naturaleza profunda de un programa o de una estrategia se evidencia en las políticas que aplica el gobierno y el Estado. Las políticas que elogia el FMI son la manifestación concreta de una orientación que no es precisamente “socialista”.

En cuarto lugar, es importante observar que el fortalecimiento del capitalismo no excluye una cierta dosis de redistribución del ingreso. Un régimen capitalista puede hacerse más sólido si fomenta estratos medios –pequeña burguesía, personal intermedio de empresas–, así como si genera algunos amortiguadores de las diferencias sociales más grandes. Hay muchas experiencias al respecto. Por ejemplo, el reparto de tierras en muchos países dio lugar a una masa de campesinos propietarios más bien reaccionaria, que fueron sostén de gobiernos claramente capitalistas. Algo similar ocurre con el alivio de la miseria extrema. Los planes sociales como los que hoy aplican Brasil o Argentina (ejemplo plan asignación por hijo) son defendidos por el Banco Mundial y revistas no precisamente de izquierda, como The Economist. Incluso estos planes pueden ser beneficiosos para los intereses del capital, en tanto inciden en la reproducción de la futura fuerza de trabajo. Naturalmente, reconocer que existen estas políticas no es razón para disminuir la crítica del marxismo frente al sistema capitalista. El cuestionamiento central al modo de producción capitalista es que se trata de un sistema de explotación. Alguna vez Marx señaló que la esclavitud no debería cuestionarse por el hecho de que los esclavos no estuvieran bien alimentados, sino por la realidad misma de la explotación. El mismo criterio se aplica a los esclavos asalariados modernos.

En quinto término, es interesante observar que el FMI acepta una cierta dosis de intervención estatal, e incluso el aumento de la participación de las empresas estatales en la economía. Solo recomienda que las empresas estatales sean regidas según los criterios capitalistas. Las autoridades responden que están comprometidas a ello, y que alientan la asociación con el capital privado. Nada de esto es contrario a lo que sucede en cualquier otro país capitalista. Se puede discutir una cuestión de grados, nada cualitativo. Agreguemos aquí que el gobierno de Evo Morales no avanzó en estatizaciones, como había prometido. A comienzos de 2007 anunció que sería el año de la “nacionalización de la minería”, pero quedó en ese anuncio. Es significativo que el ministro de Minería, José Pimentel, haya declarado, en 2010, que la minera Sumimoto ganó por la explotación en San Cristóbal US$ 1000 millones en 2009, y pagó US$ 35 millones; además, no tributa por el agua que utiliza. En agosto de este año hubo un paro cívico de más de dos semanas en Potosí (que votó en un 80% por Evo), en protesta por esta explotación. Pero el gobierno no modificó su postura. Evo Morales considera que las empresas deben ser socias del Estado para avanzar en la explotación de los recursos. La participación de la inversión privada en el total de la inversión en Bolivia es muy baja. Por eso el impulso estatal puede ser necesario para la acumulación en las primeras etapas, como alguna vez destacó Marx.

Es interesante destacar también (figura en el informe del FMI) que los flujos de inversiones extranjeras desde 2006 han sido considerablemente más altos durante el gobierno de Evo Morales que en los años anteriores a 2006. Estos inversores internacionales parecen comprender la naturaleza del “socialismo comunitario” mejor que algunos izquierdistas latinoamericanos.

¿Socialismo comunitario o capitalismo indígena?

Con lo afirmado hasta aquí no estamos diciendo que en Bolivia no se hayan producido cambios en los últimos años, y en particular desde 2006. Pero estos cambios tienen que ver con un progreso democrático, no con un giro al socialismo. Es que a partir de 1990 las poblaciones indígenas de Bolivia, tradicionalmente postergadas, han estado en ascenso. Aquel año miles de indígenas marcharon hacia la sede del gobierno pidiendo tierras, reconocimiento y participación en los asuntos de gobierno. Desde entonces los indígenas están recuperando el ejercicio de su organización, y elevando su participación en la administración y dirección del Estado. La asunción de Evo Morales, la aprobación de la nueva Constitución y la proclama del “Estado plurinacional” son puntos salientes y resultados de este proceso. En 2006 por primera vez llegó a la presidencia un indígena. El Estado plurinacional hoy está abriendo las puertas para que los indígenas puedan ser legisladores, o funcionarios estatales. El establecimiento de una justicia con base en las comunidades indígenas y sus tradiciones también es una manifestación de este ascenso. Los indígenas constituyen el 62% de la población total de Bolivia. Sistemáticamente fueron objeto de discriminación, tanto en el sector público como privado, y viven en una pobreza generalizada. Además, las operaciones extractivas de las empresas generaron, y generan, grandes impactos sobre la salud y educación en las comunidades, sobre los sistemas de producción, y provocan la degradación del medio ambiente. De ahí las rebeliones indígenas contra la depredación de los recursos naturales por parte de las grandes compañías. El gobierno de Evo tiene como un eje de sus políticas redistribuir una parte de la renta generada por la explotación de los hidrocarburos y minerales, para mejorar las condiciones de vida de los sectores más postergados, y favorecer su desarrollo en el mediano plazo. Lo cual explica el odio de las fracciones del capital boliviano antes favorecidas, que hacen lo imposible por no perder las palancas de mando y control de la renta.

Pero de aquí no debería deducirse que se esté ante el parto de una sociedad socialista. Unos puntos de mejora en los ingresos son importantes, pero no son socialismo. Como tampoco lo es la incorporación de indígenas al gobierno. De la misma manera que en Sudáfrica el gobierno de Mandela no fue sinónimo de socialismo, sino la expresión del ascenso de un capitalismo con raíces en la población negra, en Bolivia hoy se están echando los cimientos para un capitalismo indígena. Y el FMI y el capital mundializado no ven mayores inconvenientes en ello. Para los capitalistas lo importante es hacer negocios, y obtener plusvalía. El color de piel, la orientación sexual o las creencias religiosas de sus socios, sean del país que sean, no tienen relevancia.

Parece una obviedad, pero vale la pena recordarlo: cuando el gobierno de Evo Morales discute el precio del gas con Argentina, o las regalías que debe pagar alguna empresa petrolera, no está atacando la propiedad privada, sino discutiendo la parte que le corresponde (o piensa que le corresponde) al Estado boliviano. Es lo que hace cualquier gobierno políticamente independiente. Evo Morales negocia y utiliza una parte de lo que obtiene en mejorar las condiciones de vida de los indígenas. A su vez intenta mejorar condiciones mínimas –infraestructura sanitaria, educación, etc.,– necesarias para la reproducción del capital. Con esto no cuestiona al capitalismo. Ni tampoco la inserción de Bolivia en el mercado mundial. La reivindicación de comunidades indígenas y sectores de la izquierda boliviana, de desarrollar la economía en base a los recursos propios de Bolivia (el tradicional programa del nacionalismo latinoamericano), no está en la agenda del gobierno. Evo Morales y su equipo buscan mejorar las condiciones en que el capitalismo boliviano se inserta en la globalización; por ejemplo, proveyendo recursos energéticos a Brasil y Argentina, y preparando la explotación y exportación de litio.

Desarrollo contradictorio con las aspiraciones indígenas

Aunque el desarrollo capitalista indígena es compatible con los intereses más generales del capital, entra en contradicción con la aspiración de los pueblos indígenas a controlar y tener la última palabra sobre el uso de los recursos naturales. También con las disposiciones legales existentes en el país. Es que la nueva Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU a la que Bolivia se adscribió, establecen que los pueblos indígenas deben ser consultados previamente para la explotación de los recursos naturales. Pero esto no está sucediendo. Por eso la Comisión de Reconstitución e Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) presentó en septiembre una demanda contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar permanentemente los derechos de los indígenas.

Los representantes indígenas y campesinos denuncian que la consulta previa para la explotación de recursos naturales no se aplica, y que muchas veces no conocen nada antes de que se inicie la licitación. Sostienen que muchas exploraciones en busca de hidrocarburos tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente, y afectan a sus comunidades, incluso dividiéndolas. Reclaman tener capacidad de decisión sobre el uso de los recursos naturales y sobre su medio ambiente. También piden que el dinero de las regalías petroleras y recursos del Estado les llegue directamente a las organizaciones indígenas, y por lo tanto a sus gobiernos autónomos. En otros casos cuestionan que las grandes empresas (como en el caso ya citado de la explotación en San Cristóbal, Potosí) continúen con sus actividades, llevándose además la mayor parte de las utilidades. No se trata de infiltrados de la derecha; son dirigentes y organizaciones que han apoyado a Morales. Muchos empiezan a decir que las “reformas estructurales” prometidas o establecidas legalmente por el gobierno y la Constitución no se cumplen, o son simbólicas.

Sin embargo el conflicto no se puede resolver porque esas reivindicaciones de los dirigentes indígenas chocan con las necesidades y la lógica de la acumulación del capital. Por supuesto, el gobierno podrá tomar algunas medidas de salvaguarda del medio ambiente; o elevar en algunos puntos los impuestos que deben pagar las compañías. Pero no habrá mucho más que eso. Los pueblos indígenas –y también Evo Morales en alguna tribuna internacional– dicen que los bosques, minerías y cursos de agua no deben ponerse en venta para el lucro del capital. Sin embargo, en tanto se mantengan las relaciones mercantiles y capitalistas, será inevitable que los recursos naturales sean puestos bajo la explotación del capital. Hace falta algo más que discursos para interrumpir estas leyes.

Esta contradicción entre el curso capitalista del gobierno y las aspiraciones populares puede estar en la base de crecientes tensiones. Por ejemplo, el Congreso de la Fejuve de El Alto, que reunió 2400 delegados, recientemente votó retomar la lucha por la confiscación de terratenientes y la expulsión de las multinacionales, entregar tierras a los campesinos y lograr la industrialización con los recursos propios. Es todo un símbolo. Fejuve organiza a las juntas vecinales de El Alto, donde vive más de un millón de personas, y encabezó la rebelión contra el presidente Sánchez Lozada, en 2003, exigiendo la nacionalización de las transnacionales de hidrocarburos. En su Congreso convocó a luchar por “sepultar al sistema capitalista y neoliberal”. Una demanda imposible de encajar en el clima de acuerdos entre el FMI y el gobierno de Evo Morales.

En el mismo sentido, aparecen tensiones derivadas de la expansión del cultivo de coca y de las exigencias de frenarlo. Este año hubo conflictos en la región subtropical de Yungas, área cocalera tradicional de Bolivia. Los sindicatos de la región en marzo movilizaron unos 3000 campesinos exigiendo la destitución de ministros de Gobierno y Desarrollo Rural, y cambios en la política nacional del gobierno con respecto al cultivo de la coca. El Gobierno está tratando de limitar el cultivo de coca, que a fines de 2009 alcanzaba las 30.000 hectáreas en toda Bolivia, el doble de lo admitido por las disposiciones legales. Los organismos internacionales y los gobiernos de los Estados más poderosos, en primer lugar el de EE.UU., están interesados en que se limiten estos cultivos.

Conflicto capital – trabajo

Por lo explicado hasta aquí, el conflicto entre el capital y el trabajo está lejos de eliminarse, o siquiera atenuarse. Máxime en un país con bajo nivel de tecnología, y donde la súper explotación del trabajo juega un papel importante para la acumulación de capital en todos los niveles. La tensión entre el capital y el trabajo sigue presente. Los maestros y obreros fabriles han reclamado en 2010 un aumento del 12,5%, que no les fue concedido. La Federación Campesina Tupac Katari de La Paz denuncia (septiembre de 2010) que miles de campesinos siguen semi esclavizados, con contratos precarios o sin contratos, y trabajan 12 horas por días, con salarios miserables, y toma distancia del gobierno.

Más en general, la explotación de los recursos naturales puede ir de la mano con una acumulación de capital basada en la explotación intensiva de la mano de obra. Así, la industria textil está en expansión desde 1990, y la mayor concentración está en La Paz; en esta ciudad se calcula que hay unas 400 empresas, que van desde las micro hasta las grandes. En muchas de estas empresas se súper explota a los trabajadores. Buena parte de los trabajadores del cuero, de servicios y otras ramas también están precarizados, y viven en condiciones miserables. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en 2008 solamente el 17,1% de los trabajadores tenía un empleo completamente en blanco; el 24% tenía un trabajo precario moderado; y el 58% un trabajo precario extremo. CEPAL sostiene que, junto a Ecuador, Bolivia tiene los salarios más bajos de Sudamérica; en 2009 eran 3,5 veces inferiores a los de Argentina.

En este marco, las patronales no dejan de discutir negocios, con el apoyo del gobierno. Así, por ejemplo, la Federación de Empresarios de La Paz apoya el proyecto de capitales  brasileños de instalar una planta separadora de líquidos en Bolivia (permitiría la producción de etanol). Esta inversión, considera la Federación, podría consolidar la industria textil. Las negociaciones con los capitalistas brasileños incluyen proyectos de importación de textiles; en ellas participa el gobierno de Bolivia. Las autoridades impulsan la capacitación de empresarios textiles, y micro emprendedores, en la ciudad de El Alto, que están apoyados por el Centro de Estudios para América Latina.

Esto significa la perspectiva de más plusvalía. Se trata de trabajo humano no pagado, apropiado por el capital; no de plusvalía “comunitaria”. ¿Por qué no iba a estar conforme el FMI con estas evoluciones?

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