Rolando Astarita [Blog]

Es una constante de los trotskistas agitar la consigna del «control obrero» frente a los más diversos problemas que enfrentan los trabajadores y el pueblo. Sin embargo, las experiencias de algunas empresas recuperadas por sus trabajadores, y las líneas políticas que se plantearon para estos casos, ponen en evidencia las limitaciones de esta táctica del «control obrero».  En lo que sigue reproduzco una nota que escribí en febrero de 2008, a partir de la lectura de textos de organizaciones trotskistas en que se defendía esta orientación. Pienso que puede aportar a un necesario debate acerca de la táctica y estrategia de los marxistas en los tiemos que corren en Argentina.

En este escrito discutimos la estrategia de intentar establecer organismos de la clase obrera de poder dual, esto es, de poder independiente y enfrentado a la clase capitalista, el gobierno y el Estado, en los años 2000, en Argentina. Esta política es defendida, en lo esencial, por partidos trotskistas, y alcanzó notoriedad hace un tiempo en torno a las empresas recuperadas Brukman, textil de Capital Federal, y Zanón, fábrica de cerámica, de Neuquén. Nos importa la lógica que sustenta esta perspectiva política, sus consecuencias prácticas y sus efectos colaterales sobre la manera de pensar y hacer política en el movimiento obrero y otros movimientos sociales.

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, presentamos nuestra interpretación sobre el significado y naturaleza de la lucha de las empresas recuperadas en Argentina, desde el 2000. En segundo término explicamos la estrategia de “estatización más control obrero” y argumentamos por qué es una política incoherente, que termina en la confusión y el fracaso. Por último, presentamos algunas conclusiones.

Las fábricas recuperadas

El movimiento de las fábricas recuperadas cobró fuerza entre los años 2000 y 2002, cuando la economía argentina se hundió en una de sus peores crisis. De las miles de empresas que cerraron sus puertas, un puñado fue recuperado y puesto a funcionar por sus trabajadores. En términos generales, los obreros no quitaron las empresas a las patronales, sino que éstas fueron abandonadas por sus dueños. Esencialmente se trató de un movimiento que tenía como fin preservar los puestos de trabajo, esto es, sobrevivir. Los trabajadores pusieron a funcionar las empresas en una situación que legalmente fue ambigua. Posteriormente muchas de estas empresas se normalizaron al transformarse en cooperativas, aunque otras siguieron operando bajo una forma legalmente no definida.

El proceso de formación de cooperativas fue mayoritario, y dio lugar a la creación del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, fomentado por sectores del peronismo, el ARI, la Iglesia, sectores de la dirigencia sindical (CTA, UOM Quilmes y otros), y bajo la orientación del conocido abogado Luís Caro. También intendencias, gobernaciones y otros organismos del Estado tuvieron injerencia en el proceso; según los casos, se dieron subsidios puntuales o alguna otra clase de apoyo.

Lo importante a destacar es que este proceso fue “asimilado” por el sistema. Incluso diarios como La Nación, tradicionalmente enemigo de toda forma de ingerencia en la propiedad privada, dedicó editoriales elogiosos a la formación de cooperativas.

Recordemos que esta situación no tiene nada de extraordinario. Ya en el siglo XIX en Gran Bretaña –la cuna del capitalismo industrial– era frecuente que después de las crisis algunas fábricas, que habían sido abandonadas por los patrones, fueran ocupadas por los trabajadores y se transformaran en cooperativas obreras. Incluso en algún caso los ex-propietarios eran contratados por esas cooperativas. Estas cooperativas nunca amenazaron el orden social imperante en Gran Bretaña.

Luego, en otros lugares del mundo, también se dieron experiencias de este tipo. Por caso, en los últimos años se formaron unas 400 cooperativas en Brasil, y aproximadamente 40 en Uruguay.

En Argentina, en 2004, existían unas 170 empresas recuperadas –de las cuales el 90% eran cooperativas– que agrupaban 15.000 trabajadores. Como puede verse, la cantidad de personal ocupado es ínfimo en relación a los millones de asalariados. Si a esto se le suma el hecho de que afectaba a empresas que eran cerradas por la patronal, puede comprenderse por qué no podía cuestionar la propiedad privada del capital.

Lo anterior sin embargo no implica que el movimiento no tenga significación.

Por empezar las empresas recuperadas permiten que varios miles de trabajadores conserven su trabajo y una fuente de ingreso. Éste es su objetivo fundamental.

Pero por otra parte, y en un plano más general, las cooperativas obreras demuestran –cuestión que señalaban ya los socialistas en el siglo XIX– que la función del capitalista, en lo que respecta al trabajo de supervisión, puede ser borrada si se elimina la propiedad privada. Recordemos que los capitalistas y sus defensores constantemente dicen que las empresas no pueden funcionar si ellos no están al frente de las mismas. Pero las cooperativas ofrecen la prueba palpable de que esto no es así. Las tareas necesarias para coordinar las actividades pueden ser realizadas por los mismos trabajadores, y no hace falta gente para vigilar a los trabajadores “para que no pierdan el tiempo” o “no falten al trabajo”. Las cooperativas obreras demuestran que la producción puede ser organizada de forma democrática, y que se pueden buscar los regímenes de trabajo más convenientes para los trabajadores.

Nos apresuramos a aclarar que esto sucede, por supuesto, cuando se trata de una cooperativa real. Es que en muchos casos bajo el nombre de “cooperativa” funcionan empresas que en nada se diferencian de las verdaderas empresas capitalistas. Además, una cooperativa obrera que en sus orígenes es democrática e igualitaria, puede retroceder hacia formas de las empresas capitalistas usuales. Por ejemplo cuando una cúpula de trabajadores se arroga tareas de dirección exclusiva, y salarios más altos; o cuando de a poco se establecen ingresos diferenciados que implican apropiación de ganancias. Todas estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar la situación en los movimientos de empresas recuperadas.

De todas maneras, insistimos en esto, las cooperativas, y en general las empresas dirigidas democráticamente por los trabajadores, ponen sobre la mesa una pregunta central: “¿Para qué sirven los patrones?”. Es en este sentido que encierran un tácito cuestionamiento al sistema capitalista.

Sin embargo, también es necesario subrayar que se trata de un cuestionamiento ideológico “en los hechos”, y limitado. Además, las cooperativas (como otros emprendimientos similares) no pueden evitar las leyes del mercado. Y su situación la mayoría de las veces es muy precaria. Por empezar porque se trata de las empresas más débiles, que no han resistido la crisis, y tienen que competir con otras más adelantadas tecnológicamente. También, con frecuencia, arrastran una carga muy pesada de deudas. Y tienen dificultades para acceder al crédito bancario, en especial si su situación legal no es clara. Todo esto lleva a que muchas veces sus trabajadores se auto-explotan, porque es la única manera de sobrevivir y llegar a fin de mes con un salario. Esto sucede también en empresas “bajo control obrero” que formalmente se declaran “independientes” del capital y del Estado. Todas están sometidas a la ley del mercado y la competencia capitalista, que es despiadada. Ante esto se puede luchar por mejorar las condiciones de producción –pedir créditos estatales blandos, aportes de tecnología, etcétera– pero somos conscientes de que en los marcos del sistema capitalista esto tiene límites. Esta es una de las razones principales por las cuales los movimientos de cooperativas históricamente no se han podido desarrollar conservando sus rasgos originarios.

Una política de izquierda que comprendiera la naturaleza del fenómeno, lucharía por conseguir las mejores condiciones para la producción de la cooperativa, y por mantener la forma democrática de organización. Esto incluye cuestionar salidas y programas de diferentes corrientes que militen en el movimiento. Por ejemplo, la izquierda no tenía por qué apoyar el proyecto ley de Caro, y otros, para las empresas recuperadas. Sin embargo esta política se haría bajo el supuesto de que, por ahora, no es posible transponer los límites del capitalismo. Y si no se puede acabar con el sistema capitalista en tanto no haya un vuelco drástico de la relación de fuerzas, estas empresas estarán sometidas a las reglas generales que rigen para toda unidad productiva que compite en el mercado. Los problemas tácticos deben ubicarse en esta perspectiva.

El asalto al Estado…subvencionado por el Estado

En contraposición a la anterior estrategia algunos partidos de izquierda levantaron una perspectiva de revolución ya, que se sintetizó en la consigna de “expropiación con control obrero”.

Aclaremos que la idea de “control obrero” históricamente se relaciona con un control que establecían los trabajadores dentro de las empresas en oposición a las patronales, en coyunturas altamente revolucionarias. Una situación semejante se conoce como de “doble poder”, de enfrentamiento global con el Estado y la clase capitalista. Esto sucede cuando los trabajadores tienen la fuerza para torcer el brazo de los capitalistas y el Estado en el seno de la producción, e imponer su control. Para eso hay que neutralizar la fuerza del capital y del Estado. Por ejemplo, tener fuerza suficiente para impedir que la policía o el ejército desalojen las empresas tomadas bajo control obrero, o no las bloqueen. Como sostuvo hace muchos años un revolucionario, para “controlar” hay que poseer “poder”, fuerza material para hacerlo. De lo contrario hablar de “poder dual”, de “control obrero”, es mero palabrerío. Es por esta razón, además, que a lo largo de la historia hubo pocos casos de doble poder y control obrero. Se da en medio de procesos revolucionarios, ya que se trata de una coyuntura altamente inestable, y transitoria.

En lo que atañe a Argentina, en realidad en las empresas recuperadas no existió “doble poder”, en el sentido que siempre se entendió el término. Los trabajadores no impusieron un control a patronal alguna. Por lo demás, ninguna empresa que estuviera operando normalmente bajo propiedad de sus dueños, ha pasado al control obrero en ningún lugar del país. Esto no ha sucedido ni siquiera en lo más profundo de la crisis económica; ni tampoco cuando estalló el movimiento popular del 2001. ¿Cuál fue el sentido entonces de agitar tanto el “control obrero” en Argentina?

La respuesta es que se intentó que el movimiento de fábricas recuperadas se convirtiera en el embrión de un proceso revolucionario para extender el control obrero al resto de la producción, el comercio y las finanzas. Por esto mismo se agitó esta consigna como una bandera de guerra contra todo lo establecido. Por eso también se acompañó de la exigencia de echar de las empresas recuperadas a los síndicos que mandaba el Estado; a los partidos de la burguesía que se acercaban a estos procesos; y a cualquier otro “enemigo”, fuera la Iglesia, la dirección de la CGT o la CTA. También se rechazó de plano cualquier ingerencia de los gobiernos municipales o provinciales. Por ejemplo, cuando concurrían a una empresa recuperada a proponer la formación de una cooperativa bajo supervisión municipal o provincial, se exigía que se retirasen. Esta actitud estaba acorde con el contenido que quería darse a la consigna de “control obrero”: ubicarse en el plano de una guerra sin cuartel contra el Estado y el capitalismo.

Según esta visión política, los trabajadores de las empresas recuperadas debían procurar una salida a sus problemas que fuera absolutamente independiente de todo organismo del Estado (aunque a la vez se pedía, y se pide, la “estatización”; en seguida volveremos sobre este tema).

En consecuencia a los trabajadores de las empresas recuperadas se les planteó que tenían (¿y tienen?) la tarea de abrir el camino de la expropiación de la clase capitalista, para el resto de la clase trabajadora.

No exageramos al afirmar esto. Esta concepción estratégica es explícita en periódicos del PTS o del PO (también en publicaciones de otros partidos; pero nos basta con estos casos representativos).

Por ejemplo, en un número de La Verdad Obrera, del PTS, de mayo de 2002, se planteaba que las fábricas que cerraran debían ser ocupadas y puestas a funcionar bajo control obrero, ya que esto “señala un camino hacia la expropiación de los expropiadores, desafiando a la burguesía… en el plano de las relaciones de propiedad”. Para eso, se sostenía, “hay que salirse de los marcos legales y económicos del sistema capitalista”. Se planteaba también que había que extender el movimiento “a otras industrias, a los bancos y a los servicios”. Explícitamente se afirmaba que si esto no se hacía, el control obrero de Zanon y Brukman, y “toda conquista que se logre… será efímera”.  En definitiva, se trataba de “despojar del control de la economía y de la propiedad a la clase capitalista”. Para lo cual, lógicamente, se planteaba que era necesario destruir el Estado.

En otro periódico de la misma época, esta vez del Partido Obrero, se sostenía la necesidad de llamar a un frente de las fábricas ocupadas “para atacar la propiedad capitalista del sistema financiero… condición para el éxito de la gestión obrera”. Según esta visión, o los trabajadores de las empresas recuperadas se embarcaban en una lucha por acabar con el capital y establecer “una banca bajo gestión obrera”, o todo iba al fracaso. En la misma tónica, se afirmaba que toda estatización burguesa por vía judicial “tiene un carácter reaccionario” ya que pretende “el rescate de un régimen social superado” (el régimen social “superado” era el capitalismo).Esta agitación a favor del control obrero se complementó con la exigencia de expropiación y estatización por parte del Estado de las empresas. Y se exigió que el Estado diera amplios subsidios “no reintegrables” a las empresas recuperadas; también que éstas fueran proveedoras privilegiadas del Estado (o sea, que tuvieran una demanda asegurada); y beneficios similares.

La exigencia de estatización y subsidios se debe a que en el lapso de tiempo en que se prepara la extensión del doble poder, hay que producir y sostener la empresa “bajo control obrero”. Por eso se trataba de obligar al Estado a que sostuviera a las empresas recuperadas. Así estas empresas podrían actuar como bastiones del poder obrero en desarrollo. Los trabajadores tendrían el tiempo necesario para aprender a manejar la empresa; para educarse revolucionariamente (con la ayuda de los partidos de la izquierda); para difundir su actividad hacia el resto de las empresas todavía dominadas por el capital, convocando a los trabajadores a sublevarse; y para avanzar en la administración y planificación de ramas enteras de la economía. En algunos periódicos se deslizaba la idea de que todo esto serviría como “escuela de socialismo”. En una palabra, con la subvención proporcionada por el Estado capitalista, los trabajadores y la izquierda estarían en magníficas condiciones para lanzar ataques cada vez más sistemáticos contra el Estado y el sistema capitalista. Para concretar este objetivo, se pedía una ley, a ser votada por el parlamento burgués (en el cual, dicho sea de paso, los partidos trotskistas no tenían un solo diputado). Esto a pesar de que, al mismo tiempo, se convocaba a los trabajadores a despreciar la legalidad burguesa.

Una estrategia sin bases, e incoherente

La estrategia de “doble poder” que estamos criticando tiene como punto de partida una errónea apreciación de la situación política, en especial de la correlación de fuerzas entre las grandes clases sociales. Se piensa que estamos al borde de un estallido revolucionario; que basta “una chispa” para que se incendie la lucha de clases; que los trabajadores de conjunto están esperando que alguien “haga punta” para tomar iniciativas revolucionarias como la ocupación de empresas y el control obrero. Sólo desde esta creencia puede entenderse que se sostenga que actualmente es posible estatizar la rama de ceramistas, o las empresas textiles, bajo control obrero, echando a patadas a sus dueños, al Estado y la policía.

En nuestra opinión, no existen condiciones hoy, ni las había en los años noventa; y tampoco las hubo durante la crisis, entre 1999 y 2002, para semejante propósito. Estamos en una situación “normal”, en que la clase dominante ejerce su dominio bajo formas más o menos aceptadas por la población. En estas condiciones, plantear como tarea inmediata, establecer el poder obrero en la industria o las finanzas, es construir castillos de sueños.

Pero por otra parte la política que se ha propuesto es incoherente, como ya habrá advertido el lector atento, a partir de lo que hemos explicado en el punto anterior.

Es que no podemos entender qué lógica tiene exigir al Estado que subvencione (casi como si fuera una beca) una “escuela de organización revolucionaria” y de “poder dual” para iniciar la transición al socialismo dentro del sistema capitalista. Si existiera fuerza en la clase trabajadora para imponerle al Estado capitalista el financiamiento de semejante empresa revolucionaria, habría fuerza más que suficiente para tomar directamente el poder e iniciar una transformación socialista. Lo cual sería más sencillo que andar con tantas complicaciones.

Pero fue esta combinación de “análisis exaltado + llamado a enfrentar al capitalismo y su Estado + demandas absurdas al Estado”, lo que terminó generando la desconfianza y el rechazo de esta línea por parte de la mayoría de los trabajadores de las empresas recuperadas. Este resultado era esperable y natural. No hay que atribuirlo a la “traición” de dirigentes gremiales o políticos. Simplemente se trataba de observar la situación de conjunto, de evaluar las fuerzas y los problemas que se enfrentaban. Los defensores de la línea “control obrero + estatización” proponían una orientación que apuntaba directamente a una lucha total contra el sistema capitalista. Una orientación que, como ellos mismos decían, sólo podía triunfar si culminaba en la estatización bajo control obrero de, por lo menos, todo el sistema financiero y ramas enteras de la producción. Por eso no se trataba de una diferencia “técnica” entre la línea de “control obrero + estatización” y la línea de “hagamos cooperativas, ayudándonos de todo lo que tenemos a mano”. La primera se ubicaba en la lucha, ya mismo, por la revolución. La segunda se colocaba en un plano mucho más “prudente”, porque admitía que estas cooperativas debían llegar a algún tipo de convivencia con el sistema capitalista; y reconocían que no se trataba de un “poder obrero” destinado a barrer el poder del capital en esta coyuntura.

Por otra parte, si la orientación “control obrero + estatización” no pudo convencer a los trabajadores de las empresas recuperadas, menos aún pudo hacerlo con el resto de la clase obrera. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, no hubo una sola empresa en funcionamiento normal que fuera puesta bajo control obrero, al calor del ejemplo de Zanón o Brukman. En ningún sector más o menos significativo del movimiento obrero siquiera se puso en discusión el tema. Por supuesto, tampoco hubo un movimiento de simpatía o de apoyo para que el Estado pasara a subvencionar una experiencia revolucionaria de control obrero en estas empresas.

En definitiva, la orientación ultra revolucionaria terminó aislada. Lo grave es que generó confusión en muchos sectores; y también desmoralización.

Conclusión

Pensamos que lo más importante de lo anterior es entender cómo, a través del caso de las empresas recuperadas se evidenció una forma de hacer política que se manifiesta de otras múltiples maneras, y lleva al fracaso. Estamos en una etapa en que las luchas se plantean dentro del sistema capitalista, por reivindicaciones elementales. Esto no quiere decir que no se pueda lograr nada. Toda la experiencia del movimiento obrero, en el mundo y en Argentina, demuestra que sí se pueden lograr reivindicaciones dentro del capitalismo. No es cierto que a cada paso haya que lanzar la lucha por el control obrero, la abolición de la propiedad privada y la preparación de la toma del poder, para conseguir una mejora dentro del capitalismo. Sí es cierto que los problemas fundamentales, de fondo, de la clase trabajadora, no se podrán solucionar dentro de este sistema. Por ejemplo, el capitalismo no funciona sin una dosis (a veces muy alta) de desocupación. El capitalismo siempre supone un sistema de coerción en las empresas. Y así podríamos seguir enumerando muchas otras calamidades que no se superan dentro del sistema. Pero, insistimos en el asunto, esto no significa que no se puedan obtener mejoras y reformas. Incluso durante las crisis las luchas arrancan cosas. Por ejemplo, la lucha de los piqueteros, si bien no logró detener la ofensiva del capital sobre el trabajo, logró los Planes Trabajar. Fueron un paliativo, y se puede decir con toda razón que eran insuficientes. Pero si no se hubiera luchado, no se hubiera conseguido este paliativo. Por supuesto, también se consiguieron mejoras, y en algunos sectores importantes mejoras, con la recuperación económica desde el 2003.

Sin embargo, estos logros no deberían “marearnos”. Son logros dentro de un sistema en el cual la clase capitalista conserva las palancas del mando. No hay doble poder en Argentina, ni perspectivas por ahora de establecerlo. Hay que aprender a luchar sin generar falsas ilusiones.

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La ilusión del poder dual